La mayor parte de los países del mundo firmaron este viernes un histórico acuerdo que hará que las grandes compañías paguen más impuestos.}
Un total de 136 países acordaron un impuesto mínimo global del 15%, así como un sistema más justo de gravar los beneficios allí donde se ganen.
Esta medida surge de la preocupación de que las compañías multinacionales redireccionan sus beneficios a través de jurisdicciones donde los impuestos son menores, para así reducir la carga impositiva a pagar.
Algunos, sin embargo, dicen que el acuerdo no va lo suficientemente lejos.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) ha liderado desde hace una década las conversaciones para alcanzar este acuerdo.
Se estima que pueda generar un extra de US$150.000 millones de impuestos al año, lo que ayudará a que las economías se recuperen tras la pandemia de coronavirus.
No se va a eliminar la competición impositiva entre países, sino que sólo se limita.
El impuesto mínimo global a las multinacionales comenzará en 2023. Hay países que reasignarán algunos derechos impositivos para grandes compañías multinacionales desde sus países de origen a los mercados donde tienen actividades y ganan beneficios.
Y sin importar si las firmas tienen presencia física allí, algo que se espera tenga un impacto en grandes empresas digitales como Amazon y Facebook.
La OCDE dijo que afectará a US$125.000 millones de beneficios de cerca de un centenar de las multinacionales del mundo más grandes y con más beneficios.
“Es un acuerdo de amplio alcance que asegura que nuestro sistema impositivo internacional se ajusta a una economía mundial digitalizada y globalizada”, dijo el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.
Más de 100 países apoyaron las propuestas iniciales de la OCDE cuando fueron anunciadas en julio.
Irlanda, Hungría y Estonia, países con impuestos a las multinacionales inferiores al 15%, inicialmente se resistieron, pero terminaron por sumarse al acuerdo.
El pacto resuelve también la disputa entre Estados Unidos y países como Francia y Reino Unido, que habían amenazado con un impuesto digital para las grandes tecnológicas estadounidenses.