Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
Si 2020 empezó como terminó 2019, los vaticinios no
son buenos para el gobernador de
Yucatán, Mauricio Vila Dosal.
Desde que tomó posesión como gobernador del Estado,
Vila Dosal ha estado en los cuernos de la luna: su gestión siempre aparece
entre las cinco mejores de las 32 del país y los números de la entidad no
permiten ponerlo en duda.
Las posiciones que ha ocupado en las encuestas dicen
que Vila se sostiene como un ejecutivo popular con amplio respaldo de quienes
lo eligieron y de quienes gobierna.
Sin embargo, eso pareciera haber cambiado en
diciembre y enero pasados y tuvo su mayor inflexión el día de su ceremonia
oficial el domingo 19 pasado cuando rindió su primer informe de gobierno, uno
cuyas cifras venía dando desde la semana anterior en diferentes municipios.
Las quejas y protestas por los impuestos autorizados
por el Congreso empezaron a generar inconformidad desde que se hicieron públicos
y aunque el descontento fue creciendo, la realidad es que 22 de los diputados
del Congreso votaron por mayoría la miscelánea fiscal y sólo hubo tres votos en
contra a pesar de que hubo alzas de hasta un 300 por ciento.
La polémica empezó cuando el presidente del PRI
llamó a sus diputados para darles línea. Sin embargo, los priistas votaron a
favor de las propuestas quizá porque al líder priista no le dan el liderazgo
que a quien los comanda en el Legislativo, Felipe Cervera. El tema llegó hasta
la dirigencia nacional del PRI que aunque intervino no logró modificar el
rechazo a su dirigente.
Sin embargo, lo que realmente viralizó el conflicto
fue el impuesto a la Infraestructura Tecnológica que pretendía reunir 1,200
millones de pesos para reforzar el tema de seguridad. El error fue que se
pretendía incluir en el recibo de energía eléctrica cuando la CFE ha estado en
la polémica desde el año pasado por los excesivos cobros y aumentos de lo que
se quejaron las principales cámaras e incluso se desplegaron mantas y carteles
en las viviendas y los negocios para protestar por ello.
Según los datos disponibles, Mauricio Tappan
Silveira erró en aceptar la propuesta que no tenía ni viabilidad ni certeza
jurídica, que los mismos legisladores aprueban sin remilgos, como sucedió
cuando se trató de nombrar a un funcionario que no cumplía los requisitos y el
Congreso se negó a hacer la modificación legal porque no se siguieron los
cauces políticos y jurídicos correctos.
Otro que se señala como responsable es Juan Carlos
Rosel Flores a quien se responsabiliza de convencer a los legisladores explicando que había un convenio listo con
CFE para el cobro, lo que resultó falso y provocó que el gobernador Vila
tuviera que anunciar la abrogación por decreto del cobro, pero ni eso paró las
manifestaciones por los aumentos en diferentes servicios que el gobierno da a
los yucatecos.
Para muchos yucatecos, el actual gobierno está lejos
de la gente. Se critica que haya demasiada soberbia en demasiados funcionarios
públicos que, por su juventud y falta de experiencia, cometen errores que
afectan la imagen del gobierno local.
De columnas imperdibles
En su edición del martes pasado el periódico El
Financiero publicó tres columnas cuyos argumentos son incuestionables. Aquí las
reproducimos.
Pablo Hiriart, en su columna señala lo caro que nos
sale este Presidente: La austeridad se hace en los programas
de cultura, ciencia, salud, campo, empleos, sueldos, pero no en la satisfacción
de los caprichos del Presidente.
Ahí
no se repara en gastos. Se tira el dinero.
Bueno,
ni tanto. Sus decisiones populistas y derrochadoras del dinero público le
reditúan en popularidad.
La
semana pasada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que quedó
cerrado el proceso de cancelación del aeropuerto de Texcoco con la liquidación
de contratos y recompra de bonos por un total de 75 mil 223 millones de pesos.
No
es así. Faltan por pagar a tenedores extranjeros de bonos la cantidad de cuatro
mil 200 millones de dólares (más de 80 mil millones de pesos), ya que sólo se
han pagado mil 200 millones de dólares.
El
capricho de no terminar lo que llevaba un tercio de su construcción suma un
daño patrimonial a la nación de 150 mil millones de pesos, cuando menos.
Los
75 mil millones de pesos que anunció la SCT como ya pagados, se erogaron por
algo que no se va a hacer. Y lo que ya había hecho se va a destruir.
¿Cómo
se van a cubrir esos cuatro mil 200 millones de dólares que se entregaron en
bonos a largo plazo? Se pagarán con el impuesto que se cobra a los viajeros,
llamado TUA.
Tal
ingreso no estará disponible para nada más que para cubrir el monto de los
bonos emitidos para la terminal aérea moderna, bonita y funcional que ya se
hacía en Texcoco.
Vamos
a estar pagando por muchos años un aeropuerto que no se quiso construir.
Caro
el capricho presidencial, ¿no?
El
avión presidencial, por no usarlo, nos costó el año pasado la cantidad de 617
millones de pesos, entre lo que hubo que pagar por financiamiento, depreciación
de la aeronave más los 33 millones de pesos por tenerlo estacionado en Estados
Unidos, según se informó oficialmente la semana pasada.
Los
cálculos por no usar el avión o malbaratarlo en una rifa, ascenderían a los dos
mil millones de pesos.
Nuestra
compañera Lourdes Mendoza explicó ayer en estas páginas que, en caso de rifarse
y resultar exitosa la operación, sólo se recibirían 88.4 millones de dólares
(hay porcentajes que por ley la Lotenal debe entregar a otros rubros, como
programas de asistencia pública), y se deben alrededor de 142 millones de dólares
por él.
Para
satisfacer el capricho presidencial, se tira el dinero. Para atender
necesidades básicas, se escamotean los recursos.
Esos
617 millones de pesos que se pagaron por no usar el avión presidencial, son
mucho más que lo presupuestado por el gobierno de la 4T para:
-Prevención
y Atención del VIH Sida (416 millones 408 mil pesos)
-Mantenimiento
de Infraestructura Sanitaria (44 millones 588 mil pesos)
-Proyectos
de Infraestructura Social de Salud (111 millones 254 mil pesos)
-Servicios
a Grupos con Necesidades Especiales (287 millones 114 mil pesos)
-Desarrollo
Integral de las Personas con Discapacidad (31 millones 706 mil pesos).
Mucho
más también que los 192 millones de pesos que el año pasado estaban
presupuestados para pesticidas, pero hasta junio al menos, no se había comprado
nada ni erogado un peso, para ahorrar. Con ello, el dengue hemorrágico aumentó
253 por ciento y era un problema que no teníamos desde la década de los 90.
Hasta el 30 de mayo del año pasado, iban 42 muertos, víctimas de los “ahorros”
o “combate a la corrupción”.
Si
nos vamos a la pérdida total por no usar el avión y malbaratarlo, es una
cantidad superior a los presupuestado para todo el Fortalecimiento de los
Servicios Estatales de Salud (mil 600 millones de pesos).
Caro
nos salen los caprichos del Presidente. Pero le dan popularidad: ¡qué bueno que
no va a hacer ese aeropuerto para ricos! ¡Viva AMLO que no se sube a un avión
de lujo!
Esa
popularidad nos cuesta, y la caravana la hace con sombrero ajeno.
La
aeronave TP-01 no pertenece a López Obrador, mandatario en turno, sino que es
propiedad de la nación para uso de los presidentes de México.
Si a
él no le gusta es su problema, pero todos los presidentes anteriores han
utilizado un avión presidencial y seguramente los que siguen también lo usarán.
Quiere
deshacerse del TP-01 y que no lo use nadie después de él.
Así,
nuestro Presidente se comporta como el rencoroso de la escuela que le ensucia
el sándwich a sus compañeros, para que no coman lo que él no va a comer.
Y
todos esos desplantes populistas salen muy caros.
Javier Risco, habla de perdidas y lejas. En la última semana de octubre de 2018, cuando Andrés
Manuel López Obrador se paseaba con la bandera del gobierno de transición, uno
de los temas principales de la agenda nacional fue el trato al migrante
centroamericano. Durante un acto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue contundente:
“Nada de maltrato a los migrantes centroamericanos”. En aquel entonces les
pidió tanto al gobernador, Manuel Velasco, como al electo Rutilio Escandón, que
se mantuvieran al pendiente para que se protegiera a los migrantes y se
garantizara que tuvieran dónde dormir, así como protección para las familias,
mujeres y niños.
Las
palabras de Andrés Manuel López Obrador se daban mientras la caravana de
migrantes centroamericanos se dirigía a Tapachula; era tiempo de promesas y de
señalamientos al gobierno que se iba, Peña Nieto había sido un despiadado con
los migrantes centroamericanos y la 4T llegaba a remediarlo.
Por
esos mismos días, el padre Alejandro Solalinde, uno de los hombres que han
dedicado su vida a proteger los derechos de los migrantes, le dio una
entrevista al prestigioso medio El Faro. El periodista Carlos Martínez le hizo
la siguiente pregunta: ¿Cree que México está en capacidad de absorber durante
los siguientes tres años al flujo migratorio centroamericano?; no dudó,
Solalinde contestó: “¡Más que eso! México no está ofreciendo un servicio en
licitación, en competencia con otros. No es un país que pueda decidir si somos
capaces o no, o si lo hacemos o no, la migración no se anuncia, ya está. México
debe recibirlos”. Qué tiempos de derechos humanos, de políticas dignas y de
respeto a los que decidieron jugarse la vida, dejarlo todo y migrar.
No
se han cumplido ni dos años de esas declaraciones y hoy parecen perdidas y
lejanas. El gobierno de López Obrador contuvo ayer, a golpes y gases
lacrimógenos, a cientos de migrantes centroamericanos que intentaron cruzar por
el río Suchiate; las imágenes mostraron una fuerza desmedida por parte de la
Guardia Nacional, que se protegía con unos escudos de plástico con la leyenda
“Policía Militar”. No cabe duda que el principal opositor del actual Presidente
es su propia boca hace apenas unos meses.
Y el
padre Solalinde, en una entrevista fechada el 15 de enero pasado al diario El
País, muestra una cara que no conocíamos, la del activista del lado del Estado,
en una frase que desnuda su nueva visión del mundo: “La emigración es noble,
pero también llegan jóvenes muy maleados, diseñados, desde que son pequeños,
para matar. Había que poner orden, porque la frontera se nos va de las manos”.
Entre
políticas de poner orden y miles de elementos de la Guardia Nacional, México se
ha consolidado como ese muro imbatible, cuando se lo propone, para los migrantes
centroamericanos. Habrá que recordarle al gobierno de López Obrador que no se
contiene el flujo migratorio militarizando la frontera, para muestra nuestra
relación de décadas con Estados Unidos.
Empieza
este año con la misma mano dura que el pasado, y lo que se pensaba que había
sido una medida extrema para evitar una crisis arancelaria con Estados Unidos,
se está volviendo una política de Estado, una tendencia de este gobierno para
criminalizar al migrante y violar los derechos humanos. López Obrador ya no se
reconoce antes del poder.
Y Raymundo Riva Palacio habla de La reforma contra
López Obrador.
Ya
no se sabe con certeza si el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene
control de su gobierno, es una anarquía en la cual se desenvuelven sus funcionarios,
o es el arquitecto de una autocracia. Pero el paquete de reformas al sistema de
justicia que llevaron el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el consejero
jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, al Senado, la semana pasada, habla
del desaseo con el que este nuevo régimen hace las cosas. El Senado rechazó
aceptarla al argumentar que no había sido consultada dentro del propio
gobierno, lo cual es incorrecto, porque fueron todas las dependencias a las que
se les pidió observaciones y propuestas quienes incumplieron con la solicitud,
salvo la Unidad de Inteligencia Financiera.
Es
posible conjeturar que se buscó un control de daños ante las críticas por la
regresión a las libertades que entrañaba, y que abría la puerta al retorno de
un modelo autoritario, sepultando años de lucha por la democracia, lo que a
muchos les parecerá abstracto, hasta que sufran las arbitrariedades de los
excesos del poder, como sería este el caso. El paquete de reformas, sin
embargo, es un suicidio político –lo que es muy poco probable–, o lo hizo un
enemigo del Presidente, porque de aprobarse como lo envió, él mismo violaría
varios de sus artículos.
Esta
es una proposición hipotética porque el Presidente no puede ser juzgado salvo
por traición a la patria. Pero como ejercicio para problematizar la reforma y
observar las líneas que se cruzan dentro del gobierno, se pueden plantear las
preguntas sobre si el contenido de la iniciativa aprovechó su desinterés por
temas que no tienen que ver con lo electoral, o es un intento por la
centralización del poder y controlar lo que está, hasta ahora, fuera de su
alcance: la libertad de expresión. Lo que no cabe pensar es que sea ajeno a la
iniciativa y a sus tesis centrales, al haber sido acompañada todo el tiempo por
su consejero jurídico, probablemente el colaborador más cercano que tiene el
Presidente. Como botones de muestra:
El
artículo 468, fracción V del nuevo Código Penal Nacional, se pide cárcel para
quienes hicieron imputaciones para causar deshonra, descrédito, perjuicio, o
desprecio de alguien. Pero si alguien se ha embarcado en ese tipo de prácticas
de manera cotidiana es el presidente López Obrador, que utiliza las
comparecencias públicas matutinas en Palacio Nacional para denostar, calumniar
y crear las condiciones para el linchamiento, hasta ahora virtual, pero con una
tendencia a que se mude al mundo real.
Estos
abusos no deben ser permitidos, pero las democracias los castigan con sanciones
administrativas, como lo establece el Código Penal mexicano de 2007, y no
penales, como quieren ahora modificar, pese a que si quien incurre en ellos sea
quien, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia, tendría que ser más
tolerante que todos, el Presidente. Aun en este caso, son preferibles los
excesos retóricos del Presidente –siempre y cuando no incite al odio, como
sucede frecuentemente–, que socavar la libertad de expresión.
Otro
botón que llevaría al Presidente a delinquir está en el capítulo que se refiere
a Delitos contra el Orden y la Paz Pública, cuyo artículo 836 señala que
constituye un ataque, “toda manifestación o exposición dolosa hecha
públicamente que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las
instituciones fundamentales del país; a las personas físicas o morales”. Nadie
podría caber mejor en esa descripción que López Obrador. A través de
difamaciones inició el proceso de destrucción de los órganos electorales desde
la campaña presidencial de 2006, cuando clamó la liquidación del actual
Instituto Nacional Electoral. Mediante un rearmado legislativo, a través de las
cámaras controladas por él, lo está logrando, al tiempo que ha colonizado los
órganos reguladores autónomos, para evitar los contrapesos indispensables en
una democracia.
La
calumnia y la ridiculización lo acompañan permanentemente, por lo que la ley
Gertz Manero lo pondría una vez más en el campo de quienes la violan. De
cualquier forma, esta reforma es profundamente inhibitoria y busca la previa
censura, rechazada tajantemente en la Constitución de la Ciudad de México,
donde participaron en su arquitectura varios miembros prominentes del gobierno
de López Obrador. Es decir, aquello que el hoy Presidente instruyó a que se
legislara, quiere desmontarse.
La
fracción II del mismo artículo señala como un atentado al orden y la paz pública
“la publicación o propagación de noticias falsas sobre acontecimientos de
actualidad, capaces de perturbar la paz o la tranquilidad de la República o en
alguna parte de ella, o de causar el alza o baja de los precios de las
mercancías”. Las mañaneras caerían invariablemente en este delito. Todos los
días, de acuerdo con los estudios de Spin Taller de Comunicación Política,
López Obrador miente cuando menos cinco veces, y en otra ocasión mencionó
negativamente a una empresa, injustificadamente, lo que provocó una caída en
sus acciones de 5 por ciento.
El
artículo 838, vinculado al 836 mencionado previamentre, refiere: “las
manifestaciones o expresiones se considerarán hechas públicamente cuando se
hagan o ejecuten en lugares públicos, o en lugares privados, pero de manera que
puedan ser observadas, vistas u oídas por el público”. En este caso, el
Presidente también violaría la ley. Por ejemplo, por la forma como se refiere a
un columnista como cocainómano, lo que alimenta los ataques en su contra de los
afines a López Obrador en las redes sociales.
¿Qué
se pretendió con la ley Gertz Manero? No se sabe y, a la vez, todo es posible.
El talante de la reforma se va a ver, junto con las intenciones hoy ocultas,
cuando formalmente se presente en el Senado. Ahí se apreciarán las verdaderas
intenciones de López Obrador. O sus omisiones.
