Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
A dos años de que termine el gobierno de López Obrador
ya se puede decir sin temor a equivocarse que su gestión será de regresiones.
Sé que muchos dirán que faltan aún dos años para el desenlace de esta gestión,
pero la realidad es que los barruntos de tormenta que estamos viendo no auguran
nada nuevo ni diferente.
Carlos Urzúa, el primer secretario de Hacienda del
actual gobierno, da a conocer los datos aportados por especialistas en temas
económicos y políticos de la organización Signos Vitales con datos duros y
reales, que no se sostienen con el discurso oficial.
Adjudica como el primer problema como país la falta de
respeto a la ley. No es para menos. Desde la presidencia se nos dice que “no me
vengan con que la ley es la ley” por quien juró protegerlas y hacerlas valer.
Estamos en el sitio 115 de 140 países examinados y eso no puede ser raro cuando
vemos que se violentan amparos no se cumplen sentencias y el 96 por ciento de
los crímenes quedan impunes. En Campeche tenemos quizá un ejemplo patético del
desprecio a la legalidad y a las órdenes de tribunales y jueces aunado a la
violación de la privacidad, de los derechos humanos y a la violencia de género
que se practica por el ejecutivo en sus martes del jaguar.
Los especialistas dice que un segundo problema grave
en el país es precisamente el deterioro de las garantías individuales, esas que
dábamos por hecho teníamos y se respetaban.
La reforma electoral nos deja claro que estábamos
equivocados. Hoy quieren que el Estado sea el conductor de las elecciones y
destruir la democracia que nos hacía participes como ciudadanos no sólo del
derecho a elegir sino a ser actores como escrutadores y vigilantes en las mesas
de votación. Regresará el Estado, si procede la ley, como el gran elector y
sólo falta que se reinstaure al Congreso como colegio electoral. Si a Rosario
Robles la mantuvieron presa con una licencia de conducir falsificada, no sería
raro que por mi o por usted se identifiquen otros para poder votar. Eso es
fraude.
La presencia militar es otro de los temas graves.
Quitarles todo el poder y el presupuesto y obras que administran será una tarea
titánica. Ahora no sólo son constructores sino que administran aduana,
aeropuertos, trenes y hasta puertos y líneas aéreas. Algo similar a lo que
pasaban en régimen de Pinochet en Chile.
En economía, la principal preocupación es la situación
actual de las finanzas públicas porque del endeudamiento ya se llegó al extremo
del déficit presupuestal contratando deudas para suplir ingresos y cubrir
responsabilidades públicas y de gobierno.
El despilfarro de 31 billones, 894 mil millones de
pesos durante el actual gobierno está ligado a obras que no tienen proyecto
ejecutivo y a los que se les impuso la destrucción de flora, fauna y medio
ambiente de manera irresponsable. A eso de le suma el despido de medio millón
de burócratas y las bajas constantes en presupuesto de educación, salud -sin
medicamentos ni tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas-,
mantenimiento y el regreso de presupuestos estatales para obra que se entregan
para el tren maya y la refinería de Dos Bocas, por citar los más visibles.
Además, del financiamiento a Morena para temas electorales y la construcción de
un fraude electoral vía clientelas políticas financiadas.
Tema especial es el de la educación entregada a la
CNTE, la organización más radical y menos democrática del magisterio: no hay
construcción de escuelas, el mantenimiento dejado en manos de padres de
familia, y el deterioro del nivel educativo y la calidad de los libros de texto
es más que evidente no sólo por el adoctrinamiento implícito sino por la
calidad de quienes los hacen y de los materiales que emplean.
El nivel de deterioro de los temas energéticos es más
que complejo: ha caído la generación de energía eléctrica, se ha encarecido; la
compra de Deer Park y la refinería de Dos Bocas son un ejemplo claro de
despilfarro y falta de conocimientos del mercado además del daño ambiental,
sobre todo en la región sureste con la construcción del tren maya y en el país
por el uso de combustóleo -cancerígeno y prohibido en el mundo su uso- y carbón
para la generación eléctrica.
Este 2022 es una muestra de que gobernar no es de
sentido común y que quien decía resolvería todo, terminó destruyendo un país
que nos llevará décadas regresar a los niveles de 2018. Estábamos mejor cuando
creíamos que estábamos peor, pero son los riesgos de la democracia, esa que hoy
también está en peligro.
