Por: Joel Salas Suárez.
Twitter: @joelsas
El lavado de activos concentra diversos tipos de corrupción. De acuerdo a investigaciones periodísticas, en México esta práctica se ha materializado y vinculado con casos como el de Odebrecht, la Estafa Maestra y los millonarios desvíos perpetrados a través de empresas fantasma por exgobernadores.
A la comunidad internacional le preocupa que México se convierta en terreno
fértil para el lavado de activos. De acuerdo con el Informe de
Evaluación Mutua
sobre México del Grupo
de Acción Financiera (GAFI),
publicado en enero pasado, el lavado de dinero se comete con relativa impunidad
a causa de las áreas de oportunidad en la capacidad de investigación y sanción
de las instituciones mexicanas competentes, así como en la falta de seguimiento
a quienes realmente operan las empresas y las cuentas bancarias. Esto facilita
el poderío económico del crimen organizado, los desvíos multimillonarios de
recursos públicos cometidos funcionarios públicos, el cohecho en contrataciones
públicas internacionales y la evasión de impuestos. Los delincuentes pueden esconder
su identidad detrás de empresas fantasma y prestanombres e invertir dinero de
origen ilícito en el sector inmobiliario, restaurantes, tiendas y otros
negocios, generalmente en México y Estados Unidos.
El Informe de
Evaluación Mutua
sobre México del GAFI es público, pero hay población que desea profundizar en
su análisis o conocer los insumos que permitieron llegar a sus conclusiones. Así
lo evidencia el recurso
de revisión RRA 1275/18 que resolvió el
pleno del INAI e instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
entregar la Evaluación
Nacional de Riesgos que sirvió de insumo para el informe referido. El INAI
instruyó la entrega al solicitante de una versión pública en la que deben
proporcionarse las estadísticas
oficiales y hallazgos de estudios académicos que ya son públicos y reservarse,
por ser estratégicos, los datos sobre el nivel de
implicación de organizaciones delictivas en los delitos de lavado de activos y el financiamiento al
terrorismo. A la fecha, la existencia de este último delito no está comprobada
en el país.
El lavado de
activos concentra diversos tipos de corrupción. De acuerdo a investigaciones
periodísticas, en México esta práctica se ha materializado y vinculado con casos
como el de Odebrecht, la Estafa Maestra y los millonarios desvíos perpetrados a
través de empresas fantasma por exgobernadores. Precisamente, estos casos
fueron mencionados recurrentemente por los candidatos presidenciales que
participaron en el debate del domingo 22 de abril. Hoy en México, candidatos y
ciudadanos coincidimos: no queremos más corrupción e impunidad, queremos un
país en el que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia y eficacia para
garantizar servicios y derechos para todos los mexicanos y quienes transgredan
la ley paguen las consecuencias.
Sin embargo, más
allá de que en el debate del 22 de abril todos los candidatos utilizaron el
combate a la corrupción como elemento discursivo, hoy es fundamental que las
plataformas electorales de los candidatos incluyan al menos dos elementos:
primero, un diagnóstico robusto sobre este fenómeno y, segundo, estrategias
claras sobre cómo implementar la agenda anticorrupción. No todas las propuestas
expresadas en el primer debate presidencial estuvieron sustentadas o, al menos,
no fueron claras en ello, en un diagnóstico completo del problema y con
conocimiento de las acciones ya existentes para controlar la corrupción. Estas
últimas, sin duda son perfectibles, pero deben ser tomadas en cuenta para poder
evaluar la pertinencia de las propuestas. Para esto es fundamental conocer
hallazgos como los del GAFI o los informes de cumplimiento a las
convenciones internacionales que México ha ratificado ante la ONU, la OCDE y la
OEA.
Los ataques personales no son propuestas, las y los mexicanos merecemos
conocer a fondo el contenido de cada una de las plataformas electorales, anticorrupción
y de todas las temáticas, de todos los candidatos para emitir un voto informado
el próximo 1 de julio. Los mexicanos merecemos saber cuál es su opinión sobre
la construcción de capacidades técnicas y tecnológicas para combatir la
corrupción. De entrada, dejo sobre el tintero algunas preguntas que valdría la
pena que nos respondieran los candidatos presidenciales, definitivamente no
limitativas, ¿qué políticas públicas preventivas proponen?, ¿impulsarán el uso
de blockchain y una simplificación
administrativa en trámites y servicios?, ¿implementarán el Estándar de Datos de
Contrataciones Abiertas (EDCA-MX)?, ¿cómo se proponen detener los flujos
financieros ilícitos?, ¿cómo se involucrará la participación ciudadana?, ¿cómo
fortalecerán el gobierno abierto en México?, ¿darán continuidad y fortalecerán
la implementación de los Sistemas Nacionales de Transparencia, Fiscalización y
Anticorrupción?
En el control de la
corrupción no empezamos desde cero: en el Informe de
Evaluación Mutua
sobre México del GAFI y en los insumos preparados por instancias mexicanas para
ese grupo, hay un diagnóstico y también propuestas para controlar el lavado de
activos que permitirían atajar espacios a la corrupción. Los mexicanos estamos
ávidos de conocer propuestas sustentadas en evidencia, viables, con la mayor
posibilidad de generar resultados tangibles… y sobre las que podamos evaluar su
desempeño durante su mandato. Las propuestas para controlar la corrupción que
expongan los candidatos a cada uno de los cargos de elección popular son, en
otras palabras, los espacios, mecanismos y herramientas que darán a la
población para controlar la forma en que ejercerán el poder. ¿A qué acciones se
comprometerán para evitar el lavado de activos?
*Joel Salas Suárez
Comisionado del INAI y coordinador de la
Comisión de gobierno abierto y transparencia.
Twitter: @joelsas
