Especial / La Revista
- Debe protegerse la libre competencia porque beneficia al consumidor final en precio y servicio.
- Recuperar el crecimiento después de la pandemia por Covid-19 requiere de una oferta energética limpia, moderna y oportuna para que las empresas crezcan y generen más y mejores empleos.
La Confederación Patronal de la República de Mexicana-Mérida,
emitió una carta dirigida a los once legisladores federales representantes del
estado de Yucatán demandando un diálogo de parlamento abierto a la iniciativa
de Ley de Reforma Energética que impulsa el gobierno federal.
Fernando Ponce Díaz, presidente de este organismo recalcó
la postura nacional de la Iniciativa Privada en contra de esta propuesta que
modifica el articulado 25, 27 y 28 de la Constitución y otorgar la rectoría
energética a la paraestatal CFE, lo que establece una “violación abierta a los
tratados internacionales, así como la pulverización de la libre competencia y
beneficios para la sociedad.
El presidente de Coparmex-Mérida marcó como postura su
rechazo a esta iniciativa y destacó que representa un claro retroceso para
México, ya que la realidad del país es muy distinta a los objetivos ideológicos
del partido en el gobierno y la visión nacional que intentan imprimir.
La carta dirigida a los 11 diputados federales -5 de
Acción Nacional, 3 del Verde Ecologista, 1 de Movimiento Ciudadano, uno del
Revolucionario Institucional y 1 del Movimiento de Regeneración Nacional,
establece que, el monopolio gubernamental que se pretende dar a la CFE y
limitar la participación del sector privado impactaría negativamente en la
inversión privada, tanto nacional, como extranjera, reduciendo el potencial de
crecimiento de la economía.
En Yucatán se propusieron 25 proyectos de energías
renovables para concluirse en 2024 y 18 de éstos están detenidos debido a los
cambios legislativos que se trataron de imponer en este gobierno y que se han
perdido por aspectos judiciales. Reducir costos en las tarifas eléctricas
provocaría incrementar subsidio gubernamental a cargo de los contribuyentes en
detrimento de las finanzas públicas.
En 2016 México firmó como uno de los países que se
comprometió a reducir los gases de efecto invernadero en un 35% para 2024 con
los Acuerdos de París. Sin embargo, los objetivos de esta reforma son
contrarios a estos principios y atenta directamente al combate del cambio
climático.
Por ello, la IP de Yucatán solicita la discusión
abierta y amplia de los sectores económicos, actores y especialistas en materia
energética, así como a la sociedad civil, para presentar una postura ante los
cambios que se pretenden imponer que resultan un amplio retroceso a las condiciones
de la sociedad yucateca.
Desde hace 15 años el sector empresarial de Yucatán ha
insistido ante las autoridades federales en la reducción de tarifas eléctricas
que impactan en el proceso productivo y en el bolsillo de los yucatecos que
pagan hasta 17 por ciento de tarifas más caras que en el resto del país.
Ponce Díaz argumentó que hay una persecución contra el
sector empresarial al que acusan de estar frenando logros sociales, como sucede
con las tarifas del gas LP.
“La IP se mantendrá pugnando por la libre competencia
y no retroceder décadas de avances y logros democráticos en favor de mejores
servicios, atención y competitividad en favor de la sociedad yucateca”, señaló.
Según confirmó la Coparmex, ninguno de los once
diputados ha respondido o emitido alguna postura sobre la petición del sector
empresarial, por lo que aguardarán para establecer la siguiente determinación
en la respuesta de los legisladores.
