Si yo fuera funcionario público o candidato a algún cargo de elección popular y alguien osara calumniarme a difamarme, juro que yo sería el primero en solicitarle a la autoridad correspondiente que realice las investigaciones necesarias y suficientes para aclarar las cosas y limpiar mi nombre, y después, mi acusador no se la acabaría; sería inclemente en exigir se aplique todo el peso de la ley en su contra.
La Ley Electoral vigente fija un plazo “X” de campaña con la única intención de que los candidatos se den a conocer, en sus personas y sus propuestas, para que los electores analicen y resuelvan a quien le darán su voto, no sólo por sus conocimientos académicos, sino por sus valores y principios como personas y como líderes sociales.
Los candidatos están en un aparador, en exhibición ante los votantes, y es válido que si alguien conoce de ellos algún presunto delito o una mala práctica que pueda interferir en un buen gobierno o ante la sociedad, lo haga público y lo denuncie ante las autoridades competentes. Eso no es guerra sucia, es un deber ciudadano.
Con incredulidad me enteré en días pasados de algunos líderes del sector privado quejándose porque hace apenas un mes se interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento que encabezó el candidato panista Mauricio Vila y ya la Fiscalía y la Auditoria Superior del Estado la estaban investigando. “Lo están politizando”, decían en su crítica.
¿Y? me pregunto, estamos en tiempos políticos y qué bueno que se esté investigando. Si la acusación de empresas fantasmas que recibieron cientos de millones de pesos del Ayuntamiento de Vila es cierta que se obre en consecuencia, y si es falsa, que el candidato denuncie a su acusador y todos ganamos, principalmente el inculpado.
Políticamente o no, las autoridades investigadoras deben hacer su trabajo, eso es plausible, no criticable; criticable sería que por ser tiempos políticos nadie actúe y los electores puedan llevar al más alto cargo del Estado a alguien que haga mal uso del erario.
Criticable sería que el señor Mauricio Vila, como esperamos, esté libre de esa acusación y por ser tiempos políticos nadie investigue y los yucatecos desconfiemos de su persona y le neguemos nuestro voto. Eso sería criticable, por eso repito que, si fuera yo el acusado, sería el primero y el más interesado en que se limpie mi nombre, y después, después sería inclemente con mi acusador… no se la acabaría.
