Por: Joel Salas Suárez.
Twitter: @joelsas
La corrupción no es
solo un problema de pérdida de recursos, es un problema que afecta la vida y
dignidad humana. La frase “la corrupción mata” es expresión de la indignación
social y evidencia de que en México es posible vulnerar de tal forma al Estado
de derecho, que algunas autoridades sin escrúpulos ofrecen su poder al crimen
organizado, incluso, a costa de la seguridad y la vida de sus gobernados. Los
mexicanos necesitamos que esta realidad cambie cuanto antes y lo hacemos saber
por todos los medios posibles, por ejemplo, ejerciendo el acceso a información
sobre casos en los que se sospecha lo anterior.
El nombre José
Luis Abarca puede resultar familiar. Es el nombre de un ex presidente municipal
de Iguala, Guerrero, con posibles nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos,
supuesto responsable de permitir el secuestro de 43 normalistas de Ayotzinapa
por este grupo y apresado por el secuestro, tortura y asesinato de Arturo
Hernández Cardona, líder campesino, y dos de sus colaboradores. Es un símbolo
del vínculo entre autoridades, corrupción y violencia. El 30 de mayo pasado, el
INAI contribuyó al esclarecimiento de este caso, instruyó a la Procuraduría
General de la República (PGR) pronunciarse sobre documentos relacionados con este
crimen.
Arturo Hernández Cardona era líder de Unidad Popular, un
movimiento campesino opuesto al gobierno de José Luis Abarca. Un excolaborador
de Hernández, sobreviviente al secuestro, declaró como testigo de las
investigaciones de la fiscalía guerrerense que esto pudo ser la causa del
asesinato de Hernández Cardona y dos personas más el 1º de junio de 2013. Según
su testimonio, José Luis Abarca amenazó y disparó personalmente a Hernández. De
acuerdo con la prensa, la PGR atrajo el caso en julio del 2014, pero el
presidente municipal continuó en su cargo hasta octubre de ese mismo año. Fue
detenido un mes después, en el contexto de la indignación ciudadana por el caso
de Ayotzinapa, bajo los cargos de delincuencia organizada y el secuestro de
Hernández Cardona y sus compañeros.
¿Cómo
fue posible que un presidente municipal tuviera vínculos con el crimen
organizado y se
mantuviera en el puesto, sin ser investigado por
las autoridades estatales? Estas preguntas aún no tienen respuesta. La muerte
de Arturo Hernández Cardona y la desaparición de los 43 normalistas fueron
perpetradas por agentes del Estado, en asociación con el crimen organizado u
otros agentes privados. En México, estos casos no son aislados, forman parte de
la misma lista que Atenco, San Fernando, Tlatlaya y Nochixtlán. Sus características
cumplen los parámetros del derecho internacional para ser clasificados como
violaciones graves a derechos humanos y formar parte de la evidencia incluida
en los informes Atrocidades Innegables y Corrupción que mata de Open Society Foundations, para afirmar
que
los asesinatos, desapariciones y torturas en el país son fenómenos
generalizados y sistemáticos, y que la corrupción y la impunidad los facilitan.
De acuerdo con Jan Jařab, representante en México de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la corrupción es
cusa o agrava las violaciones a los derechos humanos. Por tanto, es crucial constituir o fortalecer instituciones
anticorrupción efectivas. En México, tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción
y los Sistemas Locales Anticorrupción. Urge hacerlos funcionar para que sean la
primera defensa de los mexicanos ante las prácticas que debilitan al Estado y propician
violaciones graves a los derechos humanos. Es la forma para que las condiciones
que hicieron posible el secuestro, tortura y muerte de Arturo Hernández Cardona
y muchos otros mexicanos dejen de existir. El INAI forma parte del SNA, por lo
tanto, continuará velando por los derechos que tutela y pendiente del momento
en que pueda ejercer sus atribuciones relacionadas con violaciones graves a
derechos humanos y actos de corrupción. Por ahora el contexto electoral parece
haber detenido al legislativo federal de solventar un pendiente fundamental
para el buen funcionamiento del SNA, como lo es el nombramiento del fiscal
anticorrupción, pero el primero de julio se acerca y, por tanto, esperamos el
momento para que el SNA funcione por completo.
*Joel Salas Suárez
Comisionado del INAI y coordinador de la
Comisión de gobierno abierto y transparencia.
