Por: Alonso Ronald Ortiz García.
@RonaldOrtizG
Viendo el tercer debate, pudimos darnos cuenta de dos posiciones extremas: la del Estado mínimo y la del Estado todopoderoso.
En un lado, el Bronco señala que el asistencialismo debería dejar de existir, la burocracia tendría que ser despedida y el Estado quedar fuera de cualquier implicación social. Mientras que AMLO por su parte -con el slogan oculto de “yo soy el pueblo” estudiado por Krauze- propone la máxima intervención estatal, donde sólo bastaría extender la mano para recibir de papá-gobierno y resolver todos los males sociales.
Las implicaciones de estas dos visiones son igualmente peligrosas: si seguimos la primera los programas sociales dejarán de existir y desde la segunda serían aún más ineficientes de lo que son hoy.
En infinidad de ocasiones los políticos y diseñadores de políticas públicas sociales parecen distanciarse de la ciudadanía, a pesar de pregonar cercanía.
Es muy común que olviden las implicaciones de la idea del contrato social: el pueblo- en abstracto- es quien elige a sus gobernantes mientras que el ciudadano- en concreto- es el usuario de los programas sociales.
Una tercera perspectiva es la que intenta coordinar esfuerzos entre actores sociales y económicos para conseguir articular programas sociales desde la base misma del compromiso.
Las políticas sociales así entendidas centran sus esfuerzos en crear oportunidades para salir de la pobreza de forma sostenible, actuando no solamente en el ámbito individual sino también en el contexto en que se vive.
Se trata de atacar las causas y no aliviar las consecuencias de la pobreza. Meade sabe de eso al proponer programas como Avanzar Contigo.
Pero estos esfuerzos deben articularse desde una perspectiva estratégica e integral que:
-Fomente la coordinación de las políticas macroeconómicas con las sociales y las reformas estructurales;
-Reconozca que las fallas del mercado deben ser atacadas construyendo nuevas relaciones entre los actores del mercado;
-Fomente el empoderamiento de las comunidades socialmente excluidas y
-Aumente la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Retomando el contrato social: el Estado es una pirámide de jerarquía invertida, donde en realidad los mandatarios son los ciudadanos y los gobernantes los primeros servidores. A mayor distancia entre la autoridad y el ciudadano es mayor la posibilidad de fracaso en cualquier programa social.
Así, el gran reto es, desde la definición del problema, obligar a las autoridades a ponerse siempre en los zapatos del ciudadano, sin perder de vista los objetivos racionales de la acción pública.
