La Comisión Iberoamericana de
Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) en voz de su
Comisionado para América Latina y el Caribe Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez,
calificó que después de las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, donde el pasado jueves aseguró que eliminar
la prisión preventiva oficiosa,
una posibilidad que contempla la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representaría el fin de “toda la estrategia
de seguridad” del gobierno federal.
“Si este proyecto llegara a
declararse viable, pues estaría terminando con toda la
estrategia de seguridad de este país y yo creo que eso no
lo merecen los mexicanos”, dijo ante diputados de Morena.
Gutiérrez Yáñez recalco que una
medida de carácter punitivo que daña la presunción de inocencia, que afecta al
Derecho de la Defensa y transgrede el Articulo 8.3 de la Convención Americana
no debe estar esta decisión en manos del poder ejecutivo.
Considero que México con este tipo de
presiones donde el Poder Ejecutivo representado por el Presidente de la
República LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y su Gabinete violentan los Derechos
Humanos ya que no respeta los tratados internacionales que ha venido
ratificando, principalmente sobre las Garantías Judiciales como lo señala la
Convención Americana.
Exhortó a los integrantes de la
Suprema Corte de Justica de la Nación que es necesario analizar y hacer valer
el SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS que encabeza la CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y la autonomía de esta honorable institución
en favor de la dignidad humana.
Manifestó que es necesario generar
una coordinación nacional de SEGURIDAD que cubra aspectos interdisciplinarios,
para que se pueda orientar al Gabinete de la de Seguridad y se pueda
implementar una estrategia efectiva con varios factores que ayuden a disminuir
la violencia que va en aumento, donde se deban considerar aspectos como : La
prevención del delito, programas que ayuden a la restructuración del tejido
social, fortalecimiento de organizaciones civiles de apoyo psicológico y
atención a víctimas, programas efectivos desde el nivel municipal y Estatal
sobre cultura de paz, educación para la paz y aulas para la paz, programas de
reinserción social que permitan generar un cambio en las personas que han
cometido algún delito y la profesionalización del servicio publico en la
atención del posible delito.
Lamentó que la 4T este militarizando
al país, y que busque establecer un estado marcial punitivo con acciones que
violentan a todas luces el debido proceso, al no apoyarse con estrategias que
prevengan situaciones que están dañando el tejido social.
Consideró que México debe fortalecer
la autonomía del Poder Judicial, generar mayor control en los requisitos para
ser Jueces Locales y Federales, certificación en los controles de confianza
mediante acciones de revisión constante para evitar la corrupción.
Señalo que México ha avanzado en
materia de Derechos Humanos después de la Reforma Política del 11 de Junio del
2011, y que este logro histórico no debe caer por presiones políticas con el
fin de tratar de poner orden, sin ninguna estrategia efectiva que ayude a
fortalecer la dignidad humana, ya que la
omisión de una estrategia de seguridad también debe ser considerada un acto de
corrupción, al devengar un salario por servicios públicos de seguridad
ciudadana y no realizar estas actividades de manera eficiente.
