Por: Joel Salas Suárez*.
El cohecho internacional existe, según la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuando
una persona o empresa ofrece, promete o da dádiva a un servidor público
extranjero para obtener ventajas indebidas en transacciones comerciales
internacionales, por ejemplo, un contrato de construcción o una concesión
petrolera. El cohecho internacional es una amenaza para el desarrollo económico y las instituciones
democráticas de cada país. Primero, impide que las empresas compitan
equitativamente. Segundo, infla las ganancias de las empresas a costa de
recursos públicos que debieron gastarse en servicios para los ciudadanos como
alimentos, escuelas, hospitales o caminos. De acuerdo con cálculos de la propia
OCDE, un soborno de un millón de dólares puede provocar pérdidas de hasta cien
millones de dólares.
El caso
Odebrecht evidencia la gravedad de la corrupción en América Latina y puede
considerarse un caso de cohecho internacional. Por esta razón, debe ser
investigado a la luz de los instrumentos de derecho internacional que México ha
ratificado para combatir en la materia. Una de estos es la Convención para Combatir el Cohecho de
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de
la OCDE. Sin duda, el caso Odebrecht debe ser investigado
en nuestro país a la luz de esta Convención.
Al
ratificar la Convención Anticohecho, México se comprometió a tipificar el delito, establecer y hacer efectivas
sanciones para quienes lo cometan. No obstante, las acciones del Estado mexicano han
sido limitadas. En el informe de seguimiento de 2014, la OCDE identificó que México solo
cumplió 4 de las 22 recomendaciones, no había llevado a cabo ningún proceso o
condena por cohecho internacional y las dos investigaciones al respecto se
convirtieron en asuntos domésticos. El reporte también critica que el marco
legal, las estadísticas disponibles y algunos procesos son inadecuados. En su informe sombra de 2015, Transparencia Internacional, determinó que México
tuvo una aplicación mínima o nula de dicha convención. Esta calificación se
continúa en el informe sombra de este año, el cual también advierte un reto fundamental
para la nueva administración federal: que la próxima Fiscalía anticorrupción
tenga la independencia necesaria para realizar sus funciones. La nueva Fiscalía
anticorrupción será la responsable de utilizar esta Convención para investigar
y perseguir casos de corrupción trasnacional.
No obstante, México ha tomado algunas acciones para mejorar su
cumplimiento. Por ejemplo, se reformó el artículo 222bis del Código Penal
Federal y recientemente se publicó el Protocolo Anticohecho, el cual buscará coordinar la participación de todas las autoridades
involucradas en la prevención, detección, investigación y sanción del cohecho
internacional para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Convención. Además,
de acuerdo con la prensa, México abrió tres investigaciones relacionadas con cohecho
internacional, una en 2014 y dos en 2015. Sin embargo, ninguno de estos tres
casos fue resuelto. También hay investigaciones en curso en otros países sobre
las actividades de dos empresas mexicanas. Las autoridades estadounidenses y
colombianas están investigando las actividades de CEMEX México en Colombia y
las autoridades españolas están investigando actividades de Grupo México en
España. Sin embargo, no hay investigaciones conocidas en México de las
actividades en el exterior de esas dos empresas.
El mandato de la población en las urnas fue claro: no más corrupción ni
impunidad. Por esta razón, cada una de las instituciones del Estado mexicano
debemos atender esta demanda ciudadana y contribuir desde nuestras atribuciones
a su cumplimiento cabal. La información pública juega y jugará un papel
fundamental para prevenir, denunciar, perseguir y castigar la corrupción y
evitar la impunidad. Si bien desde hace un tiempo he impulsado que se abrá la
información pública relacionada con el caso Odebrecht, el pasado 2 de octubre
el Pleno del INAI cambió su criterio y ordenó a la Procuraduría General de la República informar sobre expedientes de investigaciones
relacionadas con este caso. A esta información ahora se sumará la que el
pasado martes instruimos entregar a la Secretaria de la Función Pública: la
estadística solicitada sobre la matriz de casos de cohecho de la Convención
Anticohecho de la OCDE. De esta manera la población tendrá la posibilidad de evaluar
con evidencia el desempeño de las instituciones públicas ante este y otros
casos de corrupción y conocer cómo van las investigaciones en la instancias
nacionales e internacionales, si es que se iniciaron. Además, con esta
información los futuros titulares de la Secretaría de la Función Pública y la
Fiscalía Anticorrupción podrán tomar medidas para asegurar que sus
instituciones implementen políticas y acciones para prevenir, perseguir y
castigar a los responsables de casos de corrupción. La información pública debe
servir para ir más allá de la rendición de cuentas, debe servir para que
autoridades y población trabajen juntas para asegurar que casos como
Odebrecht no vuelvan a ocurrir y para acabar con uno de los mayores lastres de
nuestra democracia: la impunidad.
*Joel
Salas Suárez
Comisionado
del INAI y coordinador de la Comisión de políticas de acceso, gobierno abierto
y transparencia.
Twitter: @joelsas
