Por: Alan J. Contreras Castillo.*
El sistema de partido hegemónico fue el que reinó durante más de setenta años en nuestro país. Mientras permaneció este esquema de poder, las características de la competencia electoral eran las siguientes:
-Un partido principal controlaba el acceso al poder;
-Otros partidos participaban en las elecciones pero sin posibilidad alguna de derrocar al partido dominante, su presencia era testimonial;
-La participación de la oposición sólo servía para dar legitimidad al régimen.
Conforme transcurría el tiempo, el electorado era cada vez más incrédulo en cuanto a los resultados de las campañas electorales y sobre todo a nivel federal. El país era dominado por una fuerza aplanadora casi en su totalidad (para no ser tan dramático), pero sólo para clarificar la idea de mis absurdas aseveraciones, en 1974 el 97.8 % de los escaños en los Congresos Locales correspondían al PRI y por si fuera poco, de 1946 al 2000, todos los presidentes de la república pertenecieron al mismo partido. Sin ser aún suficiente, hasta 1989, todos los gobernadores eran priistas.
Fue en la elección presidencial del año 1976 cuando se presentó un punto de inflexión en la psique social al solo inscribirse un candidato a la contienda electoral por la Presidencia de la República, José López Portillo. Cabe mencionar que el PAN no presentó a ningún candidato puesto que en su proceso de selección interna ninguno de sus aspirantes logró los votos suficientes y el Partido Comunista, al carecer de registro, y por lo tanto de reconocimiento legal, tampoco pudo postular a ningún competidor.
El candidato “elegido” generó tanta falta de legitimidad, que el 14 de julio de 1977, el mismo candidato, ahora ya presidente, instruyó al ilustre Jesús Reyes Heroles, discutir ideas en torno a una eventual reforma electoral que al final terminó materializándose en la creación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, lo cual, desde mi perspectiva, fue el parteaguas que marcó el inicio de la transición democrática en México, toda vez que introdujo disposiciones que favorecieron de manera germinal una mayor competencia política entre las distintas fuerzas electorales.
Aún y con las nuevas condiciones de equidad en las contiendas electorales, en 1982, las elecciones presidenciales fueron ganadas nuevamente por el PRI, esta vez, bajo la tutela de Miguel de la Madrid. En la elección intermedia de 1985, las cosas empezaban a cambiar ligeramente y se percibía en la Cámara de Diputados con 289 legisladores del PRI y 111 de oposición, cuando en antaño siempre había una proporción mínima de representantes ajenos al partido hegemónico.
En 1988, como ocurrió en 1976, pero quizás recrudecida por el incipiente avance democrático comenzado desde entonces, una nueva crisis de legitimidad condujo a que el presidente Carlos Salinas de Gortari impulsara una nueva reforma electoral, pero en esta ocasión con matices refundacionales que incluyeron, en distintos tiempos, la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y del Instituto Federal Electoral (IFE), así como la dotación de autonomía para éste último en el período de Ernesto Zedillo. Lo anterior traería como consecuencia, aunada a la pérdida de la mayoría del PRI en el Congreso de la Unión, la alternancia de fuerzas partidistas en la Presidencia de la República, en esta ocasión, el PAN no dejaría el poder hasta doce años después con el regreso del PRI, a través de Enrique Peña Nieto, durante el sexenio del cual, también se impulsó la reforma electoral de 2014, con la que accedería al poder y gobernaría un partido diferente a los dos ya mencionados: MORENA.
En conclusión, me atrevo a plantear la existencia de un patrón vinculatorio entre las reformas electorales impulsadas por el Revolucionario Institucional y las transiciones históricas que han “mermado” el poderío de aquel partido hegemónico. Inclusive, no descarto la posibilidad de que este partido sea el generador de la percepción política que percibimos como sociedad, aquel que traza el camino del tránsito democrático en el país. Piénsenlo, ¿Se pierde el poder tan fácilmente o se entrega antes de declarar los resultados oficiales?
*Alan J. Contreras Castillo
Director Ejecutivo de C&C Consultores
Lic. en Ciencias Políticas por la Universidad Modelo
Asesor de la LXIII legislatura- Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
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