Por: Alan J. Contreras Castillo.
Eran las 22:11 horas, el domingo había sido un buen día, la familia disfrutaba de una rica cena en conmemoración a San Judas Tadeo y nada parecía perturbar a nadie. Me dispuse a revisar mi cuenta de Twitter y todo cambió, los resultados de la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México estaban incendiando las redes sociales, mi Whats App se saturaba con los comentarios de amigos y algunos conocedores de la materia, algunos festejaban, otros auguraban lo peor para nuestro país en los próximos años. Entremos en materia a la superficie de las repercusiones que detonarán las voluntades que se hicieron presentes del 25 al 28 de octubre.
Al medio día del 29 de octubre, el peso se hundía y cotizaba en 19.98 por dólar, asunto que se advertía tiempo atrás por grandes empresas financieras e instituciones bancarias, pero que nadie tomó en cuenta. Los memes no defraudaban y llovían acompañados de ácido para la clase media que había votado por AMLO y que sentía un “ligero” estrangulamiento en sus bolsillos. El inicio del arrepentimiento se empezaba a notar con esta consecuencia inmediata.
Por otro lado, las consecuencias no inmediatas empezaban a generar mayor eco en los oídos sensatos de gran parte de la población: cancelar los contratos de las empresas que trabajan en la construcción del nuevo aeropuerto ( donde más del 90% son mexicanas), traerá consigo costos, litigios, daños y perjuicios que aún no están cuantificados, pero que inevitablemente mermarán el presupuesto económico del país, pues es evidente que el gobierno deberá pagar. Sumémosle la adecuación de Santa Lucía y del actual aeropuerto; se estiman 60 mil millones de pesos para cubrir la obra ejecutada más otros 40 mil millones para los insumos adquiridos, es decir, la cancelación del NAIM representaría más de 100 mil millones de pesos.
Al intentar defender su postura, MORENA (entiéndase por esta, López Obrador), pone de manifiesto el costo de la opción en Santa Lucía, pero olvida que no hay plan maestro, ni estudios, ni proyecto, ni planos, a lo que la Cámaras empresariales responden con argumentos validos al señalar que, en el mejor de los casos , “donde no pierdan los inversionistas y se honren los contratos, si pierden las comunicaciones en México, el turismo y el comercio exterior”(Gustavo Hoyos).
Evidentemente todo lo anterior ocurriría después del 1 de diciembre, ya que durante el resto de la actual administración las cosas marcharán con paso firme, y después de asumir el cargo, AMLO, sentiría el vigor de la iniciativa privada y de todos aquellos que estuvieron en desacuerdo con una consulta popular carente de legalidad, llena de simulaciones, irregularidades y poca participación ciudadana. Habrá que ver como reacciona el gobierno ante el granizo de amparos en contra de actos de autoridad. Hasta ahora, parece que aún sin asumir el poder, la palabra del presidente electo es la ley; esperen, ¿no fue él quien dijo “aquí mando yo”?
Alan J. Contreras Castillo
Director Ejecutivo de C&C Consultores
Lic. en Ciencias Políticas por la Universidad Modelo
Asesor de la LXIII legislatura- Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
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