Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
¿Por qué votó la gente por Andrés Manuel López Obrador? La
respuesta no pareciera muy simple si se analiza: harta de los partidos,
necesitaba un cambio real para desterrar los vicios que, con exceso, veíamos se
cometían en contra del patrimonio de todos los mexicanos.
Abusos de poder, conflictos de intereses, excesos, cargos para los
amigos, posiciones para los familiares, viajes y lujos en exceso, mientras en
el país hay una apabullante miseria que cercena el futuro de millones de
mexicanos.
Los mexicanos estábamos hartos de tanto exceso. Además, nos
molestaba la indolencia como se actuaba: se tomaban decisiones sin importar el
daño que se le hiciera a los ciudadanos y nunca sabíamos por qué se tomaban las
disposiciones ni cuanto nos costarían.
Luchamos por conocer cómo operaba el gobierno, por ponerle trabas
para que no siguieran beneficiándose a ellos mismos y a sus socios de las
compras y las obras que, hay que decirlo, nunca eran de la calidad que uno
esperaba de acuerdo con el costo que nos decían.
Vaya que llevó años y sexenios desterrar esa visión de que el
gobierno siempre sabía lo que hacía aunque no nos pareciera, vaya que tomó
tiempo desterrar el “orgullo del nepotismo” de más de un presidente, supimos
por fin con Fox cuánto costaban las toallas que se usaban en Los Pinos.
Vimos la compra de la Casa Blanca de Peña Nieto como un conflicto
de intereses porque parecía que con ella el Grupo Higa, contratista de los
gobiernos estatal y federal del mexiquense, le pagaba los contratos que le
había otorgado. De nada sirvió que se acreditara que no hubo delito, el daño
estaba hecho porque no sólo se veía mal: estaba mal.
La fuga del Chapo, que se vio como el epílogo de una incapacidad
para combatirlo, para gobernar y como el epítome de la corrupción y la
incapacidad. Cuando lo volvieron a detener, tampoco hubo aplausos.
Los desaparecidos de Ayotzinapa que representó quizá la más alta
expresión de indolencia del gobierno federal. Las autoridades esquivando el
problema y echándose la pelota entre ellos: el alcalde que no sabía nada, el
gobernador que no actuó tampoco y un gobierno federal que tardó demasiado en
intervenir. El pecado terminó por pagarlo el que menos culpa tuvo, pero que era
el presidente y por ello debió actuar. Era el p-r-e-s-i-d-e-n-t-e.
Hoy, cuando el ganador fue el que nos aseguró que haría un
gobierno diferente no sólo acredita incompetencia al desconocer los daños
económicos y financieros a los que sometió al país y a cada ciudadano cuando
canceló el aeropuerto de Texcoco, sino que quienes nunca usarían el aeropuerto
terminarán pagado más de 3,600 pesos por ello, por una obra que no se
disfrutará por nadie.
No sólo se dañó el prestigio del país, sino que se perdió la
confianza, se dañó el grado de calificación por lo que no sólo será más caro
contratar créditos sino que se disparó en los pies porque muchas inversiones
fueron suspendidas o anuladas ante esa decisión inexplicable, pero que se
esgrimió la corrupción como justificación.
Empero, hasta hoy, no sólo los inversionistas corruptos no están
en prisión, sino que prácticamente todos forman parte de un cuerpo consultivo
del propio gobierno y creado por el mismo presidente. Incluso Teve Azteca y sus
empresas son beneficiadas sin que tampoco haya concurso ni explicación: su
banco se encargará de los programas sociales.
Sesenta días han bastado para analizar con detalle los mensajes
erróneos que manda un gobierno que a todas luces no sabe lo que hace o no le
importa: despide a miles de burócratas y lo hace de la peor manera: sojuzgando
y ofendiendo a los que saca de la administración, además de manera poco
elegante y a todas luces atropellándole sus derechos.
El argumento sigue siendo la corrupción y la austeridad, pero el
gobierno que combate la corrupción incentiva la impunidad porque no detiene a
nadie, no castiga a los responsables y dictamina una amnistía con su ley de
borrón y cuenta nueva.
En otro revire espectacular, el presidente decide que su oferta de
sacar al ejército de la lucha contra el narco debe de convertirse en guardia
nacional y a los pocos días determina que la guerra contra los capos ha
terminado porque, su obligación como presidente, es traer paz y no encarcelar a
quienes violentan la ley y lucran con la vida de millones de mexicanos.
Además, por si las torpezas fueran todas, nos dice que este
gobierno es honesto y al declarar la guerra contra el robo de combustible daña
a la planta productiva de una decena de estados y mientras presume ahorro de 4
mil millones de pesos para Pemex, Banamex habla de un daño a la economía de
esas entidades de 25 mil millones de pesos. Lo peor: no hay detenidos ni
encarcelados.
Y de encima va a comprar pipas a Estados Unidos y nos enteramos
que se gastaron casi 90 millones de dólares sin licitarlos, sin exhibir las
propuestas ni las opciones, pero como son muy honestos, pues nadie salió a
pedirles cuentas y menos a ver si cumplían con los lineamientos de la Norma
Oficial Mexicana para transportar materiales peligrosos.
Lo más grave, 125 muertos por la explosión de un ducto en un
saqueo en el que la policía ni el ejército intervinieron. Además, ni siquiera
hubo visita presidencial a los heridos. Mal y de malas…
Fallece la titular de un Ejecutivo estatal y en lugar de asistir
al sepelio precisamente por el encono por haber ganado a Morena la elección, el
presidente se abstiene y da rienda suelta no sólo a una persecución de la
presidenta del Tribunal Federal Electoral sino que la obligan a renunciar al
cargo en una operación en la que los propios magistrados y hasta el presidente
de la Suprema Corte acreditaron su poca o nula independencia.
En su pretensión de rescatar Pemex, no sólo contratan a una
empresa para que los represente y les organice una ronda de información ante
los grandes empresarios e inversionistas dedicados a esa actividad sino que es
tan poco el cuidado y tanto el desconocimiento del tema que la misma empresa
contratada para ello emite un comunicado deslindándose de sus clientes y
asegurando que no le parece el grado de desconocimiento del mercado que
exhibieron.
Semanas después, una prestigiada calificadora internacional
prácticamente convierte en bonos basura las inversiones de la empresa, y a la
financiera la acusa el propio presidente de ser cómplice del saqueo de Pemex.
Nadie les dice que vender un barril de petróleo le deja al país
una utilidad en dólares de 300 o 400 por ciento de su costo de extracción,
nadie les dice que el de las gasolinas es un negocio excelente, pero sólo deja
el 15 o 20 por ciento de utilidad. Nadie parece reparar en la necesidad de los
dólares para cubrir compromisos internacionales.
Los desaciertos son demasiados, el costo de la curva de
aprendizaje es excesivo y apenas van 60 días de la nueva administración, una
que ha violentado el estado laico, que ha acreditado la cancelación de obras de
electricidad que llevarían al país a otros niveles en su producción de energías
renovables sin más explicaciones, regresando al sector a la época del carbón
como combustible para la generación de electricidad.
¿El presidente no atiende a sus asesores?, ¿sus asesores no saben?
Sin embargo quizá el colmo es el intento reiterado de meter como
magistrados de la corte a incondicionales del presidente, como sucedió con la
Fiscalía. Las propuestas presidenciales son abiertamente favorecedoras a su
partido y a sus intereses.
La esposa del empresario Rioboó está en la terna de nuevo. El
presidente insiste en meter a la Corte a quien le sea incondicional y no lo
oculta. Avasalla, censura a quien se le opone, a quien no le pide más que lo
que se le pedía a otros presidentes.
Por si fuera poco, se manda una terna para sustituir a una
magistrada integrada por tres mujeres no sólo cercanas al propio presidente,
sino que éste dice que la ley no dice nada de la ética para integrar esa terna.
Me faculta la ley, argumenta.
López Obrador será el presidente, pero la sociedad no tiene por
qué permitirle lo que no se le permitió a otros ejecutivos precisamente porque
estaban mal, porque era y es un abuso.
¿Dónde está la oposición?, ¿dónde la sociedad civil?, ¿dónde
quienes deben ser la contención indispensable para evitar caer en los abusos y
excesos que creíamos limitados?
Quizá nos toca a cada uno levantar la voz y asumir que como
ciudadanos, el presidente es nuestro empleado y como empleado nuestro nos tiene
que dar cuentas, nos tiene que obedecer, pero pareciera que la justificación
son esos 30 millones de votos que logró, pero los otros 60 que conformamos el
universo de votantes y no lo hicimos por él también tenemos voz y él ofreció en
campaña algo distinto. ¿Se arrepintió o lo mareó el poder?
La respuesta es personal, pero lo que no puede dejar de verse es
que esta historia era precisamente la que queríamos terminar. ¿Por qué ahora sí
debemos aceptarla o validarla? Lo correcto es jamás repetirla.
