En el año 2013 Grupo Modelo vendió el cincuenta por ciento de sus acciones a AB InBev, una empresa transnacional. El monto de la transacción fue de veinte mil cien millones de dólares, de los cuales se pagaron los impuestos correspondientes. Los exaccionistas de Grupo Modelo utilizaron los recursos legales a su disposición para la recuperación de dichos impuestos, y agotadas todas las instancias, su caso lo conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso fue seguido con atención y comentado con frecuencia por el representante del ejecutivo debido al posible egreso de dinero que representaría para el Estado el fallo a favor de los exaccionistas.
A finales del mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra de los exaccionistas de Grupo Modelo, negándoles la recuperación de sus impuestos. Ante esta sentencia, el Presidente de la República expresó alarmantes comentarios sobre el tema. El presidente, Andres Manuel López Obrador, comentó en Tlaxcala que el gobierno federal intervino en el dictado de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El representante del poder ejecutivo admitió llanamente que atentó contra los principios constitucionales de la división de poderes.
El presidente compartió a los presentes que la resolución de la Corte ya estaba definida en sentido de concederle el derecho a los exaccionistas del Grupo Modelo; sin embargo, él (por medio de la Consejería Jurídica) influyó en el sentido de la sentencia. Justificó que dicha acción salvó al gobierno de pagar treinta y cinco mil millones de pesos. De igual forma, calificó la resolución inicial de ser corrupta y mañosa; condenó a “algunos ministros” por tener intereses corruptos; y expresó poca afinidad contra los despachos fiscales que trabajan para eludir el pago de impuestos.
Lo alarmante no es la postura del presidente, Andres Manuel López Obrador, sobre el caso de la devolución de impuestos; lo alarmante es la facilidad con la que admite faltar a los principios básicos del Estado mexicano, y prácticamente de cualquier otro Estado contemporáneo. Es comprensible que el mandatario tome interés y exprese una postura sobre un tema que implica un fuerte impacto en su presupuesto; sin embargo, es inadmisible que atente contra el principio estatal y constitucional de división de poderes, y preocupante que lo exprese con tal normalidad.
Es preocupante porque normaliza la peligrosa práctica de inmiscuirse en asuntos relativos a otros poderes, lo que compromete la integridad de la república democrática mexicana. Este tipo de desplantes de comunicación promueven normalizar la violación de los poderes del Estado consolidando una narrativa que justifica la acción cuando es por un bien superior. En el
caso en concreto salvar recursos que se utilizarán para programas sociales y eliminar la corrupción (según el discurso del presidente).
Ante estas acciones habrán quienes aplaudan alegando que el presidente tiene la integridad necesaria para hacer este tipo de acciones sin corromper las instituciones básicas del Estado mexicano, y que fueron hechas por un fin adecuado. Hay que recordar que el periodo de Andres Manuel López Obrador es de seis años; al normalizar la violación a los principios de división de poderes se abre la puerta para que quien venga después pueda hacer lo mismo. Quienes meten las manos ahora por el presidente, ¿lo harán por el que entre después cuando haga lo mismo?
Es responsabilidad de los ciudadanos analizar y vigilar los discursos de los políticos ya que en base a sus palabras y posturas desarrollan la narrativa político – social que como colectivo aceptamos como normal. Las violaciones a los principios de división de poderes nunca deben ser justificadas, y menos aplaudidas. Debido a que la mayoría en las Cámaras la ostenta el Movimiento de Regeneración Nacional, y el hecho de que el creador de dicho partido sea el Presidente, deja en evidencia que las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo ya están corrompidas; y es palpable en la forma de actuar, la retórica, y la narrativa que utilizan los legisladores de MORENA. Ahora bien, desde que AMLO entró al poder entabló una guerra mediática y política contra el poder judicial, tal vez estas declaraciones sean sus alaridos de victoria.
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