La maniobra legislativa para extender el
periodo del gobernador electo tiene al menos cuatro consecuencias. 1)Corroe la narrativa del presidente
López Obrador de que ellos [Morena y la 4T] son “diferentes” –los mismos partidos
han acusado traición y corrupción y personajes de Morena han advertido que se
trata de una provocación legal y política; 2)exhibe la falta de comprensión de lo que significa el
Estado democrático de derecho [la presidenta de Morena, por ejemplo, ha
justificado la medida porque “la gente lo pide”]; 3) da argumentos a los críticos
del presidente López Obrador de que se trata de un experimento para tentar las
aguas, cambiar la Constitución y buscar su reelección en 2024; y 4) afecta la reputación del gobernador
electo, Jaime Bonilla, aun antes de tomar protesta y polariza el ambiente
político local.
La probabilidad de que se materialice la
reforma constitucional para extender el plazo del nuevo gobernador es
prácticamente igual a cero. ¿Qué gana Jaime Bonilla en esperar el veredicto
revocatorio de la Suprema Corte y entonces asumir completamente la derrota? El
gobernador electo ha hecho ya designaciones de su futuro gabinete y está
inmerso en la planeación de su nuevo gobierno. ¿Para qué construir una nube de
duda sobre su persona en lugar de abocarse a generar un contraste con el
gobierno saliente del PAN, que ha sido castigado y repudiado en las urnas? Lo
que menos tiene el nuevo gobernador es tiempo, y el poco que le queda se está
dilapidando en este conflicto legislativo.
El gobernador electo debiese ser el más
interesado en deslindarse del traspié legislativo para honrar la palabra del
Presidente de la República, quien repite día tras día que “no somos iguales”.
Desafortunadamente, Bonilla esperará que la Suprema Corte se pronuncie (y quizá
también el Tribunal Electoral) en lugar de agarrar el toro por los cuernos. Al
hacerlo, obrará en contra de su propio interés político. Ayer el futuro
secretario general de gobierno, un funcionario experimentado, explicó su visión
jurídica del caso y descartó que Bonilla vaya a deslindarse de la reforma
constitucional. En algunos meses veremos en retrospectiva que se trató de un
juego de suma negativa para los involucrados: todos habrán perdido.
Se puede alegar que una gubernatura de dos
años es disfuncional para la planeación estratégica del nuevo gobierno y el
desarrollo de la entidad. Y efectivamente lo es. También se podría alegar el
gasto que implica organizar nuevos comicios en 2021, pero el argumento no aplica
en Baja California porque en 2021 de cualquier forma habrá comicios de diputado
federal, de tal forma que el costo de incluir la boleta de gobernador es
marginal.
No sólo eso, los experimentos de
minigubernaturas fueron negativos. Casos semejantes ocurrieron en Veracruz y
Puebla, quienes optaron por la misma salida y tuvieron minigobernadores en 2016
que concluyeron en 2018. Por cierto, se comenta que el objetivo real en ambos
casos no era la homologación o el ahorro de recursos, sino una suerte de control
político que los dos exgobernadores querían ejercer sobre su sucesor. En ambos
casos, el experimento tuvo altos costos, pero esa es otra discusión.
Aquí el principio a tutelar es la certeza
jurídica y la protección del Estado de derecho. Si se permite que un congreso
modifique las reglas del juego de forma ex
post y con una clara dedicatoria para beneficiar a alguien, se
rompen los fundamentos del Estado de derecho: la imparcialidad, la certeza y la
objetividad.
¿Qué sigue? Una acción de inconstitucionalidad
que pueden presentar los partidos políticos y que deberá resolver la Corte
antes del 1 de noviembre, fecha de inicio del nuevo gobierno. También un
recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral cuando se busque aplicar la
reforma y modificar la constancia de mayoría que tiene el gobernador electo y
que dice “dos años”. Ya sabemos lo que dirá. Y finalmente juicios de amparo,
por ejemplo de organismos empresariales, que sientan agraviados diversos
derechos por el cambio legislativo.
Parece
obvio lo que resolverá la Corte y el Tribunal Electoral. Por eso llama la
atención doblemente este caso. Si se trató de un acto de ignorancia jurídica,
simplemente será corregido por las cortes y será una de las anécdotas recientes
más vergonzosas del PAN (y también de los promotores al interior de Morena). Si
se trató de soborno, el pagador habrá sido ingenuo de pensar que un voto local
resuelve un asunto que atañe al orden constitucional federal. Dinero tirado a
la basura.
