En una sesión que generó un intenso debate en la Cámara de Diputados de México, se aprobó la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La iniciativa fue respaldada principalmente por el grupo mayoritario en el Congreso, mientras que los partidos de oposición votaron en contra, argumentando que la medida podría resultar en un retroceso para los derechos humanos en el país.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que implica la detención inmediata de una persona acusada de ciertos delitos, sin necesidad de que un juez determine si existen razones suficientes para su encierro mientras se lleva a cabo el juicio. De acuerdo con la reforma aprobada, se incorporan nuevos delitos al catálogo, entre los que destacan el tráfico de armas y la desaparición forzada.
Los legisladores que apoyaron la reforma argumentaron que la ampliación del catálogo es necesaria para fortalecer la seguridad pública y combatir de manera más eficaz delitos graves que afectan a la sociedad mexicana. En palabras de los defensores de la iniciativa, “es una herramienta indispensable para garantizar que los delincuentes no evadan la justicia mientras se realizan los procesos judiciales”.
Por otro lado, la oposición expresó su preocupación ante lo que consideran un uso excesivo de la prisión preventiva, alertando sobre posibles abusos de poder y violaciones a los derechos humanos. “La prisión preventiva debería ser una medida excepcional, no la regla”, señalaron, advirtiendo que la expansión del catálogo podría derivar en la criminalización de sectores vulnerables de la población.
Esta reforma ha despertado un amplio debate en la sociedad mexicana, pues la prisión preventiva oficiosa ha sido objeto de críticas tanto por organismos nacionales como internacionales, que la consideran una práctica contraria a los principios de presunción de inocencia y debido proceso. Según expertos, la expansión de este catálogo podría aumentar el número de personas privadas de su libertad sin una condena previa, lo que ya es un problema significativo en el sistema penitenciario del país.
Además, algunos analistas legales han señalado que la ampliación de este catálogo podría enfrentar desafíos constitucionales, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido fallos limitando la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en el pasado.
La ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa en México es una medida que ha polarizado al Congreso y a la sociedad en general. Mientras algunos ven en esta reforma una forma de fortalecer la seguridad y combatir la impunidad, otros temen que se trate de un paso hacia atrás en la defensa de los derechos humanos y el debido proceso.
En un contexto donde el equilibrio entre seguridad y derechos humanos es cada vez más delicado, esta reforma legislativa podría tener profundas implicaciones para el sistema de justicia en México en los próximos años.
