Por: Enrique Aranda.
Una situación como la que ahora vivimos ni se gestó en un día ni puede resolverse de manera “mágica”.
A la vista ya el cierre del año más violento de la historia moderna. Nada augura ahora que la situación de inseguridad prevaleciente en el país pueda experimentar un vuelco en los meses por venir que cambie las cosas. Y menos cuando a la vista de propios y extraños, el gobierno insiste en impulsar una política más discursiva que de acciones directas contra las bandas del crimen organizado.
Apenas, en el marco de su tradicional prédica mañanera, Andrés Manuel López Obrador y el cuestionado titular de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, arremetían contra gobernadores que, desde la perspectiva oficial, menos atienden a la lucha por pacificar al país. Andrés Manuel y Alfonso Durazo ofrecían cifras en aval a tal posicionamiento, señalando a entidades como Guanajuato, Tamaulipas y Baja California como las más problemáticas, pero poco o nada aportaban sobre el diseño e implementación de estrategias claras y de aplicación concertada para atender el más grave de los problemas que ahora enfrenta México.
Es verdad, y eso hay que aceptarlo, que una situación como la que ahora vivimos ni se gestó en un día ni puede resolverse de manera “mágica” o sólo porque así se decide. Pero también lo es que luego de un año de gestión de la nueva administración federal nada está claro en este renglón, cuando no sea la definición de una política de no confrontación con el narcotráfico u otras bandas criminales, que, en contraste, tienden a incrementar su apuesta a favor del control de zonas cada vez más extensas del territorio y/o la eliminación de quienes consideran su competencia…
No basta, pues, si en verdad queremos avanzar en la recuperación de la estabilidad y de la paz social –perdidas “de la gobernabilidad, para decirlo pronto”– con un discurso que señala e imputa a regímenes pasados la culpa y responsabilidad de lo que ocurre, si a la par no se implementa un operativo sustentado en un estricto trabajo de inteligencia que, en el ámbito de los hechos, haga valer el legítimo derecho al uso de la fuerza que, de manera exclusiva, compete al Estado.
México, insistamos, vive una compleja y extrema realidad en materia de violencia e inseguridad y, en razón de ello, el enfrentamiento de quienes generan una y otra debe ser frontal y definitiva en busca de resultados concretos y no sólo a nivel discursivo y ajeno a la adopción de acciones, so pena de ver agravarse la desconfianza e incertidumbre social prevalecientes o, peor, de tener que atestiguar situaciones aún más complejas.
