El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su profunda inconformidad con la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detenga el proceso legislativo en curso relacionado con la reforma judicial. AMLO criticó fuertemente esta posible intervención, calificándola de “aberración” y asegurando que no existe un fundamento constitucional que justifique dicha acción. El presidente argumentó que la reforma es un asunto del ámbito del Ejecutivo y Legislativo, y que detenerlo representaría una injerencia indebida del Poder Judicial en el proceso democrático.
López Obrador subrayó la importancia de avanzar en una reforma judicial que beneficie directamente al pueblo mexicano, abogando por un sistema judicial más limpio y transparente, libre de prácticas corruptas. Según el mandatario, el país no puede permitirse que el Poder Judicial interfiera en las decisiones legislativas, especialmente en un momento donde se busca un mayor equilibrio entre los poderes del Estado.
El presidente ha defendido que la propuesta de reforma es clave para mejorar el acceso a la justicia y asegurar que los jueces actúen de manera imparcial y no bajo influencia de poderes fácticos. Aunque el proceso de reforma ha generado controversia, especialmente entre sectores opositores y dentro del mismo Poder Judicial, AMLO insiste en que su administración seguirá adelante con los cambios necesarios para mejorar el sistema de justicia en México.
En este contexto, la relación entre el Ejecutivo y la SCJN atraviesa un momento delicado, con acusaciones cruzadas sobre la posible politización del Poder Judicial. Mientras que algunos consideran que la reforma podría afectar la independencia de la Corte, López Obrador sostiene que es una medida necesaria para combatir la corrupción y asegurar que la justicia se administre con mayor equidad y transparencia.
Este enfrentamiento subraya las tensiones crecientes entre los distintos poderes del Estado en México, y deja entrever un debate más amplio sobre el rol de la SCJN en la toma de decisiones que, según el presidente, deberían recaer en manos del Legislativo y el Ejecutivo.
