El 7 de septiembre de 2024, el gobierno de Venezuela anunció la revocación inmediata de la autorización otorgada a Brasil para custodiar la embajada argentina en Caracas. Esta decisión ha generado tensiones diplomáticas, especialmente debido a las delicadas circunstancias en las que seis opositores venezolanos, cercanos a la líder María Corina Machado, permanecen asilados en la sede diplomática argentina.
Según un comunicado emitido por la cancillería venezolana, la medida fue adoptada debido a que la embajada estaría siendo utilizada para planificar “actividades terroristas e intentos de magnicidio” contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Brasil había asumido la custodia de la embajada en agosto de 2024, luego de que el gobierno argentino, bajo la presidencia de Javier Milei, rompiera relaciones diplomáticas con Venezuela tras desconocer los resultados de las elecciones que confirmaron a Maduro como presidente. En respuesta a la decisión de Venezuela, la cancillería brasileña expresó su “sorpresa” y reafirmó su compromiso de seguir representando los intereses argentinos hasta que se designe otro país para asumir esa responsabilidad.
Por su parte, Argentina rechazó enérgicamente la decisión de Venezuela, calificándola de “unilateral” y exigiendo el respeto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la cual garantiza la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La cancillería argentina advirtió que cualquier intento de interferir en la embajada o de secuestrar a los asilados provocaría una condena internacional.
Las tensiones se incrementaron cuando fuerzas de seguridad venezolanas rodearon la sede diplomática, bloqueando los accesos y cortando el suministro eléctrico. Los asilados, incluyendo a Magalli Meda y Pedro Urruchurtu, denunciaron el asedio y la presencia de agentes encapuchados a través de redes sociales.
