Con su silencio, el sindicato de la Máxima Casa de Estudios del país y las autoridades universitarias se han vuelto cómplices de las fechorías de Gustavo Rodríguez Ríos y su padre Gustavo Rodríguez Martínez.
En la edición anterior de este Semanario de Información y Análisis Político, dimos a conocer las denuncias de dos trabajadoras de intendencia de la Unidad Mérida de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en las que afirman haber sido víctimas de abuso sexual por parte del delegado sindical de ese plantel, Gustavo Rodríguez Ríos.
Ambas denuncias fueron interpuestas ante la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, cuya titularidad recae en Guadalupe Barrera Nájera. Dicha instancia universitaria continúa sin manifestarse al respecto.
La Revista Peninsular pudo conocer que se ha conformado una carpeta por abuso sexual en contra de Rodríguez Ríos, en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado, y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ambas diligencias promovidas por una de las víctimas.
En la queja dirigida al Visitador, la víctima A.O. G., asegura haber recurrido al director del plantel (ENES) Xavier Chiappa Carrara, quien “le señaló que para que se sintiera tranquila, únicamente le solicitara un cambio de sede”.
En diversos grupos de redes sociales surgieron comentarios acerca de los reiterados episodios de violencia y consumo de drogas de Gustavo Rodríguez Ríos.
El Seminario de Género del sindicato compartió nuestra investigación en su red social Facebook; añadieron que “es importante que las instancias del Sindicato lleven a cabo la investigación y las acciones pertinentes”, e incluyeron el hashtag #TodosContraLaViolencia.
Violencia y consumo de estupefacientes
La RP, logró conocer parte del proceso jurídico que Gustavo Rodríguez Ríos, llevó en contra de la madre de sus hijos.
De acuerdo al contenido del expediente, Rodríguez Ríos sustrajo a sus dos hijos del domicilio materno, cuando tenían nueve y catorce años, con la finalidad de inducirlos a no volver con la madre, lo que logró con una acusación fabricada por violencia familiar, aplicando lo que hoy se conoce como violencia vicaria.
Con dicha denuncia logró hacerse con la custodia y una pensión alimenticia que Rodríguez Ríos continúa percibiendo, pese a tener un sueldo superior a su ex pareja y a que sus dos hijos cuentan ya con mayoría de edad legal. Cabe decir que, la mujer, careció de asesoría jurídica privada, por lo que sólo contó con el apoyo de un defensor de oficio, puesto que no contaba con recursos suficientes para costear el litigio.
De acuerdo a declaraciones de compañeros del propio Rodríguez Ríos, su adicción a las metanfetaminas es conocida pues han sido testigos de su consumo, reconociendo los momentos en que aquél se encuentra bajo sus efectos. Estos testimonios coinciden con los de las dos mujeres agredidas recientemente.
En el mismo sentido pudimos conocer que, el hijo mayor de Rodríguez Ríos, comenzó a consumir drogas sintéticas después del proceso jurídico que llevó aquél en contra de su madre. Todo indica que Gustavo Rodríguez fomentó el consumo en su hijo cuando era un niño al dejar a su alcance la droga, lo cual se tipificaría como corrupción de menores.
Hasta el momento ni la UNAM ni el secretario general del Sindicato, Carlos Hugo Morales Morales, ha manifestado una postura ante el acoso y abuso sexual cometido hacia dos de sus agremiadas.
Oscuro pasado del padre
Al calor de nuestra investigación, surgieron fuentes que acusan a Gustavo Rodríguez Martínez, Secretario de Organización Académica del Comité Ejecutivo Nacional, de ser el principal traficante de influencias al interior del Sindicato. Se le atribuye un nepotismo evidente, al haber otorgado plazas laborales con categorías altas. Tal es el caso de su pareja sentimental María Eulalia Hernández Baez, sus hijos Amanda Araceli y Gustavo Rodríguez Ríos, ambos bibliotecarios en dependencias universitarias de Yucatán, y la actual esposa de este último, Laura Berenice Balderas Osorio, la cual ocupa una plaza como bibliotecaria de reciente creación en la ENES Mérida.
Circuló un video en el que se aprecia a un trabajador del Sindicato, compartir un artículo del publicado en el periódico El Sol de Tlaxcala, del 14 de diciembre de 1995, titulado “Consignadas tres personas por el delito de lenocinio”.
El trabajador muestra el artículo, desde la Hemeroteca estatal, en el que se narra el operativo de clausura de un antro denominado restaurante bar “La botana”, en el municipio de Xaltocan, Tlaxcala, por autoridades sanitarias, en el que resultaron detenidos Gustavo Rodríguez Martínez y María Eulalia Hernández Báez. El artículo menciona que fueron detenidas diecisiete mujeres que se encontraban ofreciendo servicios sexuales.
Continuará.
