Un reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, señalando al gobierno de Nicolás Maduro por intensificar la represión tras las elecciones del 28 de julio de 2024. La misión destaca que, aunque este patrón represivo no es nuevo, la violencia post-electoral alcanzó niveles sin precedentes, con un ataque sistemático contra opositores políticos y civiles percibidos como enemigos del régimen.
El informe cubre un período de un año, desde septiembre de 2023 hasta agosto de 2024, y pone especial énfasis en los eventos posteriores a los comicios presidenciales. Según la ONU, la reactivación del aparato represivo del gobierno ha incluido detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual. Se han registrado al menos 27 muertos en protestas, muchos de ellos jóvenes de barrios populares, y más de 2.200 personas han sido detenidas, entre ellas niños y niñas con discapacidades.
Los expertos señalan que tanto las autoridades civiles como militares estuvieron al tanto y participaron en estas violaciones de derechos humanos, que, según la ONU, constituyen crímenes de lesa humanidad. El informe también denuncia la subordinación del sistema judicial venezolano al poder ejecutivo, lo que ha facilitado la persecución de opositores políticos sin las debidas garantías procesales.
A pesar de las múltiples denuncias internacionales, el gobierno de Maduro ha rechazado categóricamente estos informes, calificándolos de “falsos” y “propagandísticos”.
La Corte Penal Internacional también está investigando posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, aunque hasta ahora no ha emitido acusaciones formales.
