Por Alejandro Guerrero
Yucatán, el estado que se nos presenta como el más seguro de México. Mérida, la ciudad que, según se dice, es la segunda más segura del continente americano, solo superada por Quebec. La narrativa oficial destaca una Mérida que respira tranquilidad y seguridad, con calles libres de delincuencia y una sociedad orgullosa de su cultura y tradición. Sin embargo, ¿es todo tan perfecto como parece?
Nos hablan de una Mérida tranquila, con su Paseo de Montejo adornado por casonas de estilo francés, sus parques llenos de vida y su gente amable que conserva las tradiciones. Sin duda, este es un paisaje que todos queremos ver y creer, pero no podemos ignorar la realidad social y los problemas estructurales que subyacen bajo esta fachada.
Es cierto que Yucatán ha logrado mantener una tasa de criminalidad baja en comparación con otros estados de la república, y que su policía ha jugado un papel importante en mantener ese orden. No obstante, afirmar que la seguridad en Yucatán es perfecta es simplificar una situación mucho más compleja. El discurso oficial ignora las crecientes desigualdades económicas y sociales que existen, las cuales son una amenaza latente para el modelo de desarrollo que el estado está tratando de proyectar.
Se nos dice que la seguridad ha permitido que Yucatán se convierta en un referente para la inversión industrial y el nearshoring, albergando empresas de alta tecnología y manufactura avanzada. Pero debemos preguntarnos, ¿esta bonanza realmente beneficia a todos los yucatecos, o solo a una élite económica que se beneficia del sistema? La industrialización de Yucatán, si bien genera empleo, también impone una presión significativa sobre el tejido social y ambiental del estado.
El desarrollo industrial no viene sin consecuencias. El impacto ambiental que estos proyectos generan en una región históricamente conocida por su biodiversidad es innegable. La ampliación del puerto de Progreso, la construcción de polos industriales y la infraestructura del Tren Maya traen consigo desafíos que no pueden ser ignorados. ¿Estamos verdaderamente preparados para manejar estos proyectos de manera sostenible? ¿O la prioridad se está centrando más en los beneficios económicos que en preservar el entorno y el bienestar de la comunidad?
El próximo gobernador, Joaquín Díaz Mena, “Huacho”, enfrentará estos retos en su administración, y no cabe duda de que deberá balancear entre las promesas de inversión y desarrollo, y la responsabilidad social y ambiental que dichas inversiones requieren. No se trata solo de atraer capital, sino de garantizar que el desarrollo sea inclusivo y respetuoso con el entorno.
Yucatán, como todos los lugares, no es perfecto. Las altas temperaturas, los mosquitos y el característico “aporreado” acento yucateco son parte de su esencia. Pero los desafíos que enfrenta van más allá de lo anecdótico. La creciente urbanización y la presión sobre los recursos naturales nos obligan a reflexionar sobre el tipo de desarrollo que queremos para el estado.
Es alentador escuchar sobre los logros alcanzados hasta ahora y la visión optimista para el futuro. Sin embargo, es fundamental que no perdamos de vista los desafíos reales que enfrentamos. Yucatán no solo debe ser un lugar seguro para las inversiones, sino también un estado que proteja y promueva el bienestar de todos sus habitantes, garantizando que el progreso no venga a costa de los más vulnerables ni del medio ambiente.
Así que, mientras celebramos la llegada de nuevas industrias y la realización de importantes convenciones como esta, también es tiempo de reflexionar sobre el verdadero costo del desarrollo y de preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente para preservar la esencia de este lugar que tanto amamos. El éxito de Yucatán debe medirse no solo en términos de crecimiento económico, sino en cómo ese crecimiento impacta de manera positiva a su gente y a su entorno. Eso, en última instancia, es lo que garantizará la verdadera seguridad y prosperidad de nuestro querido estado.
