En una histórica sesión que se extendió por más de ocho horas, el Senado de la República aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra la reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La votación fue respaldada por los senadores de Morena, PT, PVEM, y un voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, mientras que la oposición —compuesta por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— manifestó su rechazo, argumentando que esta medida representa un paso hacia la militarización de la seguridad pública en México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya administración ha impulsado la reforma, ha defendido que la GN debe formar parte de la Sedena para garantizar su “profesionalismo, disciplina y honestidad”, evitando que se corrompa como ocurrió con la extinta Policía Federal. Sin embargo, la propuesta ha sido fuertemente criticada por la oposición, quienes señalan que esta estrategia es un reflejo de políticas anteriores que han fracasado en reducir la violencia en el país.
Durante el debate, legisladores de oposición expresaron su preocupación de que la medida signifique una militarización total de la seguridad pública, desplazando a las instituciones civiles. Ricardo Anaya, del PAN, mencionó que la estrategia militar en México, que comenzó en el sexenio de Felipe Calderón, ha resultado en un aumento significativo de homicidios, con más de 200 mil muertes violentas solo en la administración de López Obrador.
El PRI, por su parte, criticó que el mando de la Guardia Nacional esté en manos de un militar, argumentando que esto es incompatible con la misión civil de la seguridad pública. “Es militarizar al país porque si se va a excluir a la policía civil y solo participarán militares, eso es militarizar la seguridad pública en nuestro país”, señaló el senador priista Pablo Guillermo Ángulo.
Por otro lado, los legisladores de Morena y sus aliados defendieron la reforma argumentando que la GN, bajo la tutela de la Sedena, fortalecerá la seguridad y consolidará un cuerpo profesional y disciplinado. Omar García Harfuch, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, afirmó que la reforma es esencial para reforzar la estrategia nacional de seguridad. Según él, el enfoque en la disciplina militar, combinado con el respeto a los derechos humanos, será clave para mejorar la investigación y la inteligencia en materia de seguridad.
A nivel internacional, la reforma ha sido objeto de escrutinio. Expertos de la ONU han advertido que la integración de la Guardia Nacional al ejército podría incrementar los riesgos de abusos contra los derechos humanos, incluidos la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones locales como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también manifestaron su preocupación por la falta de controles civiles efectivos sobre las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
Mientras el gobierno y sus aliados insisten en que la medida es necesaria para garantizar la seguridad del país, la oposición y varios grupos de derechos humanos alertan sobre los riesgos de consolidar el control militar en áreas clave del estado. La reforma será ahora enviada a las legislaturas estatales para su ratificación y posterior promulgación.
El resultado de esta votación marca un hito en la política de seguridad pública de México, con implicaciones profundas sobre la relación entre las fuerzas armadas y las instituciones civiles en el futuro del país.
