El presidente de Argentina, Javier Milei, vetó el 3 de octubre de 2024 la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada recientemente por el Congreso, a pesar de una masiva marcha realizada en apoyo a la educación pública. Esta manifestación, que contó con la participación de estudiantes, docentes y movimientos sociales, exigía la promulgación de la ley que pretendía aumentar los salarios de los trabajadores universitarios y ajustar el presupuesto de las universidades públicas a la inflación.
La ley fue vetada bajo el argumento de que no disponía de una fuente clara de financiamiento, lo que, según el gobierno, atentaba contra el objetivo de déficit fiscal cero que defiende la administración de Milei. En el decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial, el presidente declaró que la norma representaba “un peligro para las finanzas públicas” y acusó a la oposición de utilizar la ley como una herramienta política para “dañar al gobierno”.
La ley, aprobada en septiembre por ambas Cámaras del Congreso, incluía un ajuste mensual al presupuesto universitario y una recomposición salarial para el personal docente, en respuesta a la inflación interanual de más del 236% que afecta al país. Sin embargo, el gobierno argumentó que implementar dicha medida significaría un gasto adicional de aproximadamente $1,7 billones, lo que consideran insostenible en el contexto económico actual.
El veto ha generado una fuerte respuesta de la comunidad universitaria y la oposición, quienes ahora buscan reunir los votos necesarios en el Congreso para revertir la decisión presidencial. Para esto, sería necesario que ambas cámaras del Poder Legislativo consigan una mayoría calificada de dos tercios, lo que pondría a prueba la cohesión de la oposición frente a la administración de Milei.
