La situación de violencia en Guerrero, uno de los estados más conflictivos y empobrecidos de México, ha alcanzado nuevos niveles de brutalidad con el asesinato del recién electo alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, apenas una semana después de asumir el cargo. Arcos, miembro del PRI, había tomado posesión como presidente municipal el pasado lunes, pero este domingo fue hallado decapitado, en un crimen que refleja la cruda realidad de una región sumida en la lucha de grupos criminales.
El asesinato de Arcos fue confirmado por el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y la Fiscalía estatal. Las primeras versiones indican que la cabeza del alcalde fue encontrada sobre una furgoneta, mientras que el resto de su cuerpo se hallaba en el asiento del conductor. Este brutal asesinato llega solo días después del homicidio de Francisco Tapia, secretario del Ayuntamiento de Chilpancingo, quien fue acribillado en pleno centro de la ciudad.
Guerrero, y particularmente Chilpancingo, es el centro de una encarnizada guerra entre cárteles y mafias locales, principalmente entre los grupos Los Tlacos y Los Ardillos. Estas organizaciones criminales luchan por el control del territorio no solo para el narcotráfico, sino también para extorsionar y controlar actividades económicas como el transporte y la venta de productos básicos. La falta de presencia efectiva del Estado ha convertido a esta región en un escenario de violencia constante, donde autoridades, tanto locales como federales, han sido incapaces de imponer el orden.
El asesinato del alcalde ocurre en un contexto de violencia recurrente. El año pasado, se encontraron siete cuerpos descuartizados en una plaza de Chilpancingo junto a un mensaje dirigido a la entonces alcaldesa Norma Otilia Hernández, pidiéndole una reunión con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez. La violencia en la región ha escalado a tal punto que incluso la Iglesia ha intervenido como mediadora entre los cárteles, en un intento desesperado por restaurar la paz.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ha respondido al asesinato de Arcos con un mensaje en redes sociales condenando el crimen, pero sin ofrecer una estrategia clara para enfrentar la violencia que azota la región. La ineficiencia de las autoridades para garantizar la seguridad en Guerrero se evidencia en la falta de avances en investigaciones de casos emblemáticos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ha sido un símbolo de la complicidad entre el narcotráfico y las autoridades locales.
La muerte de Alejandro Arcos no solo refleja la fragilidad del sistema de seguridad en Guerrero, sino también la descomposición institucional que permite que el crimen organizado opere con total impunidad. Mientras tanto, la población de Chilpancingo y otras áreas del estado sigue viviendo bajo el temor constante de la violencia.
