Ciudad de México, 30 de octubre de 2024 – Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México han presentado su renuncia, motivados por una reforma constitucional que exige a jueces y magistrados decidir entre postularse en las próximas elecciones de junio de 2025 o renunciar para mantener su haber de retiro. Las dimisiones serán efectivas hasta el 31 de agosto de 2025, con el objetivo de cumplir con los requisitos de la reforma judicial impulsada por el gobierno actual.
La presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, junto con los ministros Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, han optado por dejar sus cargos. “Al presentar su renuncia, los ministros aseguran el derecho a una pensión proporcional al tiempo que han servido en el máximo tribunal”, indicaron fuentes del Senado, instancia a la que fueron notificadas las renuncias.
La controvertida reforma, promulgada en septiembre pasado, establece que todos los cargos judiciales se elegirán por voto popular, un hecho inédito en la historia del país. Aquellos que decidan no participar en el proceso electoral perderían sus beneficios de jubilación, excepto si renuncian antes de octubre de 2024. En este contexto, el ministro González Alcántara presentó además un proyecto para invalidar parcialmente la reforma, argumentando la posible inconstitucionalidad de algunos artículos.
Sin embargo, no todos los magistrados decidieron renunciar. Las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres anunciaron su intención de participar en las elecciones, lo cual les permite permanecer en sus puestos hasta el proceso electoral de junio, como lo permite la normativa actual.
Esta decisión de renuncia colectiva ha generado un amplio debate, ya que representa un cambio significativo en el Poder Judicial de México y marca un precedente en la forma de seleccionar a los más altos funcionarios judiciales del país. Con estas renuncias, el Senado deberá analizar la situación para asegurar la transición hacia el nuevo modelo de elección judicial.
