Las ciudades fronterizas de Arizona se preparan para hacer cumplir un nuevo y controvertido mandato de inmigración tras la aprobación de la Proposición 314, una medida que transforma las infracciones a la ley de inmigración en delitos estatales. Esta propuesta recibió el apoyo del 63% de los votantes hasta el jueves, según proyecciones de CNN, y otorga a las fuerzas de seguridad locales y estatales la autoridad para detener a inmigrantes y penalizar los cruces no autorizados en lugares que no sean puertos de entrada oficiales.
La Proposición 314 también contempla un aumento en las penas para la venta de fentanilo que cause la muerte de una persona, un problema en alza que afecta a muchas comunidades en Arizona y en todo el país. Sin embargo, la aplicación de esta nueva ley requiere mayores recursos, por lo que autoridades locales han solicitado financiamiento adicional del gobierno federal, tradicionalmente responsable de la gestión fronteriza.
El teniente Emmanuel Botello, del Departamento de Policía de San Luis, explicó a la afiliada de CNN KTVK/KPHO la posición de las fuerzas del orden locales respecto a la implementación de este mandato. “No estamos apuntando particularmente a enviar unidades por ahí que tengan como objetivo o busquen específicamente a ilegales”, señaló Botello. “Vamos a seguir dando prioridad a la protección de la vida, la protección de la propiedad de nuestros residentes; seguirán estando al tope de nuestras prioridades”.
La aprobación de esta medida reaviva el debate sobre la seguridad fronteriza en Arizona, un estado que comparte casi 600 kilómetros de frontera con México. Quienes apoyan la propuesta argumentan que ayudará a reducir la inmigración ilegal y la criminalidad asociada, especialmente en áreas donde perciben que el gobierno federal ha sido ineficaz en su control. En cambio, los detractores temen que la nueva ley pueda derivar en prácticas discriminatorias, incrementando la singularización racial y permitiendo actuaciones policiales que podrían rozar la ilegalidad. Asimismo, advierten que el coste para el estado sería elevado y podría sobrecargar los recursos de las fuerzas de seguridad locales.
El enfoque de Arizona con la Proposición 314 tiene paralelismos con la ley de inmigración SB 4 en Texas, una normativa que también ha buscado habilitar a las fuerzas estatales para intervenir en asuntos migratorios. No obstante, la SB 4 enfrenta actualmente un bloqueo judicial y se encuentra a la espera de una decisión definitiva en los tribunales, lo que ha generado comparaciones entre las dos legislaciones y ha intensificado la controversia en torno a la inmigración y la seguridad en las fronteras.
Arizona se encuentra en una encrucijada entre la necesidad de más recursos para gestionar la inmigración en sus fronteras y los cuestionamientos éticos y legales que plantea la implementación de esta nueva ley.
