Con el regreso de Donald Trump a la presidencia y la implementación de sus políticas migratorias, miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos enfrentan una nueva ola de incertidumbre. Según expertos consultados por CNN, los planes preliminares del equipo de Trump apuntan a priorizar la expulsión de personas con antecedentes penales o aquellas que reingresaron al país tras una deportación previa.
Carlos Trujillo, asesor cercano a Trump, explicó que el enfoque inicial será sobre más de 600,000 personas identificadas a través de datos biométricos o con órdenes de retención activas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Muchos han tenido contacto con las fuerzas del orden o han pasado por sistemas penitenciarios. Estas personas son las más fáciles de identificar y expulsar debido a la biometría”, afirmó Trujillo.
Aunque la retórica oficial enfatiza la seguridad, un estudio del Instituto Nacional de Justicia muestra que los inmigrantes indocumentados tienen una tasa significativamente menor de delitos violentos o relacionados con drogas en comparación con ciudadanos estadounidenses. John Sandweg, exdirector interino del ICE durante el gobierno de Barack Obama, destacó que la mayoría de los inmigrantes indocumentados no han cometido delitos y que 4.6 millones de ellos forman parte de familias mixtas, con hijos o cónyuges ciudadanos estadounidenses.
Elizabeth Uribe, abogada de inmigración, advierte que además de los inmigrantes con antecedentes penales, están en peligro quienes reingresaron al país de manera irregular después de una deportación. Asimismo, los inmigrantes en familias de estatus mixto podrían enfrentar desafíos adicionales si las políticas migratorias de Trump avanzan.
“Es fundamental que las familias estén preparadas”, enfatizó Uribe. “Si tiene hijos nacidos en EE.UU., considere preparar una carta poder que permita a un adulto con estatus legal cuidar de ellos en caso de una emergencia”.
Ante el panorama incierto, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes han intensificado su labor de apoyo a los migrantes. La ACLU recomienda conocer sus derechos, como el de permanecer en silencio y exigir una orden judicial antes de permitir el ingreso de agentes de inmigración a un domicilio.
Además, organizaciones como el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes ofrecen herramientas prácticas como la “tarjeta roja”, un documento que explica los derechos constitucionales de las personas. También se sugiere buscar asesoría legal especializada si existe un historial penal o una deportación previa.
Lee Gelernt, abogado de la ACLU, aseguró que las estrategias legales están avanzadas: “Estamos listos para defender a las comunidades vulnerables frente a medidas que podrían dividir familias y causar daños irreparables”.
Con este escenario, el impacto en las comunidades migrantes podría ser significativo, pero los expertos insisten en la importancia de la preparación y el acceso a recursos legales para mitigar los riesgos.
