Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
La negativa del Congreso a autorizarle al gobierno de Mauricio Vila $1,700 millones como recursos extraordinarios para reactivar la economía luego de la pandemia, sacó a relucir no sólo los pleitos internos si no también la falta de sensibilidad y operación política en el Congreso, en el Ejecutivo.
Al gobernador Vila, por segunda ocasión, le quedó claro que algo está haciendo mal su administración en el tema de operación política.
El primer interesado en sacar ese crédito era el Ejecutivo. Entre la población hay gente que escéptica con el tema del endeudamiento: para unos, hay que hacer lo que sea para no tener el golpe que representa el frenón económico del país, para otros no hay que endeudarse más.
En esa lógica, también están los diputados, sobre todo los del PRI que no sólo ven que sus 58 alcaldes no son tomados en cuenta en muchos rubros y el gobernador no va al Congreso a hablar con todos los legisladores para explicarles cómo se aplicará ese recursos, cómo se auditará ni cual es la ruta crítica de las prioridades para la reactivación.
Ante el fracaso en el primer intento, en esta segunda vuelta, ese mismo préstamo fue solicitado mediante un esquema en el que la diputada federal Dulce María Sauri Riancho de Sierra y el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, no sólo participaron sino que aportaron ideas para armar la argumentación de la petición y los compromisos que se adquirirían para endeudarse para evitar la negativa que hubo en la primera intentona.
Ramírez Marín y Sauri Riancho son adversarios jurados de Ivonne Ortega Pacheco, están no muy cerca de la dirigencia local, pero el senador tiene tres incondicionales en el Congreso que, esperaba Ramírez, operaran para convencer a sus correligionarios de los beneficios para la gente que no se quedará sin empleo o tendrá uno cuando la pandemia termine.
Desde afuera, y por lo que se ve de primera instancia, uno se pregunta ¿por qué el gobernador Vila echó mano de la diputada federal y el senador en lugar de sentarse a platicar con el líder de la mayoría priista en el Congreso y los mismos diputados locales, alcaldes y la dirigencia del partido?
La otra pregunta es por qué el senador y la diputada federal no condicionaron su participación en esa mesa a que asistieran la dirigencia del partido que los postuló, el líder de la mayoría en el Congreso que fue electo igual que ellos y hasta los alcaldes priistas de Yucatán que también son mayoría: 58 de 106. El PAN sólo tiene 27 y los demás partidos ni uno llega a 10 presidentes municipales, pero la obligación del gobierno es incluirlos a todos, para eso se gobierna sin distingos.
Es como si las fobias personales del convocante y sus apoyadores pensaran que podían operar sin otros actores políticos y llevarse ellos todas las palmadas de algo que, a todas luces, no sólo es necesario sino urgente toda vez que el gobierno federal no les dará pero ni prórrogas en el pago de impuestos y a los gobiernos estatales nada más que lo que fuerza la ley de coordinación fiscal.
Jorge Carlos Ramírez Marín y Dulce María Sauri fueron dos priístas proscritos durante el sexenio de Ivonne Ortega. Los dos se salieron de la esfera de apoyo de la gobernadora que no sólo los repudiaba públicamente sino que llegó al extremo de prohibir a los trabajadores de su administración asistir a las fiestas de cumpleaños del “Gordo” Ramírez, como le decía. Dulce, más precavida, dio un paso atrás y se dedicaba a escribir colaboraciones periodísticas.
Ramírez se vengó al estar en el gabinete de Peña y Rolando Zapata Bello tuvo la prudencia de tratar con él, y tuvo un acercamiento con Sauri Riancho. De hecho, Ramírez fue también precandidato a la gubernatura que perdió con Mauricio Sahuí, pero lo postularon al senado y fue el único priista del país que llegó por mayoría a la Cámara Alta.
Ramírez Marín siente que le toca ser gobernador y no ha dudado en aliarse hasta con el diablo para llegar y tener recursos que le permitan no quedarse, por tercera vez, en la línea de arranque.
Dicen los enterados, que tiene un acuerdo con el gobernador Vila para contender por la alcaldía de Mérida contra Renán Barrera Concha y de hecho le está dando recursos para operar en la capital. Si la candidata llegase a ser Cecilia Patrón, Ramírez Marín se abstendría -cree el gobernador-, pero la realidad es que el priista hace pactos hasta con el diablo y no duda en romper acuerdos cuando le aparece otra oportunidad más sólida. Si lo duda, que le pregunte a Meade y a Sahuí.
El PAN, ahora gobierno, tiene claro que el error del PRI yucateco fue financiar a un ex panista en Morena lo que llevó al tricolor a perder la gubernatura por escaso margen y por ello Vila es el más interesado en que no hayan deserciones tricolores porque, con certeza, terminarían agrandando la fortaleza de Morena que se quedó en un tercer sitio por la gubernatura, aunque los resultados del gobierno federal no parecen ser una ayuda.
Quizá seducido por el triunfo de Ramírez, Vila lo jaló y ha tratado de entenderse con él y éste lo ha sabido convencer de que trabajará con él siempre.
Vila, dicen, lo está financiando y Ramírez le opera varios temas como el de cobrar un impuesto por seguridad que él se comprometió a aterrizar a buen puerto con CFE y que terminó fracasando; ahora, le vende que él logrará en el Congreso que pase el crédito y también fracasó.
Vila debe acudir al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Felipe Cervera, éste debe asumir su posición porque vaya que los yucatecos le sabrán cobrar el favor o la molestia, pero sobre todo debe provocarse que la decisión tenga la anuencia y acuerdo de los 106 alcaldes, los 25 diputados al Congreso local, la iniciativa privada y la sociedad civil que vaya que han participado activamente en el gobierno actual de Yucatán.
En el PRI la dirigencia nacional ya llamó a cuentas a los diputados locales que votaron a favor del crédito, pero antes deberá hacer una cirugía detallada para que las aspiraciones políticas de varios de sus militantes no terminen de dinamitar la presencia de ese partido en Yucatán. Ni a Vila ni al PRI le conviene expulsar a nadie porque sólo engrosarían las filas de Morena, nunca las del PAN.
Y el PRI debe entender que Morena lo necesita y aliarse es la opción para ser fuertes, pero el PAN también le urge que los priistas vayan con ellos para no perder lo logrado.
Sin embargo, esa alianza no implica la sumisión ni la rendición de nadie. Las elecciones empiezan en septiembre próximo y nadie quiere llegar debilitado, ni Morena por eso en la coyuntura el PRI operaría como bisagra, el tema es con qué partido. Para ello los priistas y Vila tienen una aduana: el CEN priista, los 58 alcaldes, su mayoría en el Congreso, pero sobre todo las aspiraciones políticas de los involucrados y su solidez como representantes.
El gobernador Vila tiene que operar él. Ya le falló la secretaria de Gobierno, y quien sabe que otro secretario al que le encargó el trabajo. Hoy, cuando la propuesta no ha sido desechada, Vila tendrá que definir qué tanto le interesa ese préstamo y operar él hasta con el diablo, aunque le caiga mal. Para eso es gobernador, para eso ofreció que los yucatecos “merecen más” y nadie lo eligió para entregar mal las cuentas y menos para que ese buen crecimiento de la entidad se frene o retroceda. Está en sus manos y en la humildad que le ponga al negociar.
Vila no puede hacer lo que el gobierno federal: azotar la mano y exigir obediencia porque es gobernador. De eso escapamos los mexicanos, más los yucatecos que dijeron que no a las imposiciones desde el siglo pasado en los años 60´s. Ojalá haya cordura, pero sobre todo una dosis de humildad esa que le falta al gobierno federal.
