El proceso de selección de candidatos para jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México ha generado controversia debido a la notable inclusión de aspirantes vinculados a la Cuarta Transformación (4T) y la exclusión de figuras asociadas a la oposición. El Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL) publicó recientemente las listas de aspirantes seleccionados, destacando esta tendencia.
De un total de 11,646 solicitantes inscritos para las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio, el CEPL seleccionó a 40 aspirantes para ocupar puestos en la SCJN. Entre los excluidos se encuentran figuras prominentes de la oposición, como el panista y expresidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, y la exprocuradora durante el sexenio de Felipe Calderón, Marisela Morales.
La lista de seleccionados incluye a María Estela Ríos, exconsejera jurídica en el gobierno del expresidente López Obrador; Jesús George Zamora, exdirector del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE); y Federico Gallardo Anaya, cuyo nombre aparece dos veces en la lista de elegibles. Entre las mujeres aspirantes a ministras de la SCJN destacan la investigadora Olivia Aguirre Bonilla; las magistradas de Circuito Olivia Aguirre Bonilla y Jazmín Bonilla García; Yaneth del Rosario Cruz Gómez, coordinadora general del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI); y Estela Fuentes Jiménez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
El CEPL llevará a cabo la insaculación de los candidatos a jueces, ministros y magistrados del 2 al 4 de febrero en la antigua sede del Senado en la calle de Xicoténcatl.
Esta selección se enmarca en la reciente reforma judicial aprobada en México, que permite la elección popular de más de 1,600 cargos judiciales, incluyendo ministros de la SCJN, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y magistrados. La primera elección bajo este nuevo esquema está programada para el 1 de junio de 2025. Los candidatos deben cumplir con criterios de elegibilidad como tener una licenciatura en Derecho, al menos cinco años de experiencia, y presentar ensayos y cartas de referencia. Además, las campañas electorales de los aspirantes no podrán recibir financiamiento ni apoyo de partidos políticos.
La reforma judicial ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y organizaciones internacionales, que argumentan que amenaza la independencia judicial y la división de poderes. La exclusión de expertos legales asociados a la oposición en el proceso de selección actual ha intensificado estas preocupaciones, sugiriendo una posible politización del Poder Judicial en favor de la 4T.
A medida que avanza el proceso de selección y se acercan las elecciones judiciales, será crucial observar cómo se desarrollan estos acontecimientos y su impacto en la independencia y funcionamiento del sistema judicial mexicano.
