En un reciente debate en la Asamblea Nacional de Panamá, se han intensificado las preguntas sobre el pacto firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, que garantiza el tránsito libre de barcos militares a través del Canal de Panamá. Esta cuestión ha generado un fuerte rechazo en ciertos sectores políticos y sociales del país, quienes ven este acuerdo como una vulneración de la soberanía nacional.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, defendió el pacto argumentando que el Canal de Panamá sigue siendo un símbolo de la soberanía panameña y que el acuerdo con Estados Unidos no compromete la independencia ni la seguridad del país. Según Cortizo, la medida forma parte de un acuerdo de cooperación en temas de seguridad internacional, especialmente en el marco de la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas transnacionales. Asimismo, señaló que el canal siempre ha sido una vía de tránsito internacional y que el pacto no implica la presencia militar estadounidense permanente en la región.
Por su parte, los opositores al acuerdo sostienen que el pacto podría abrir las puertas a una mayor influencia militar extranjera en el país, lo que podría traer consecuencias negativas para la seguridad nacional y para la política exterior de Panamá. Varias voces en la Asamblea Nacional pidieron al presidente que revele más detalles sobre las condiciones del pacto y las implicaciones para la soberanía de Panamá.
El Canal de Panamá, que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, ha sido un punto de interés estratégico para muchos países, particularmente para Estados Unidos. Desde la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977, Panamá asumió el control total de la vía interoceánica en 1999, aunque sigue existiendo una relación estrecha con Estados Unidos en varios aspectos de seguridad y comercio.
El tema ha llegado a ser uno de los puntos más debatidos en la política panameña en las últimas semanas, especialmente debido a las tensiones internacionales derivadas de la creciente presencia militar de potencias extranjeras en América Latina. Aunque el gobierno panameño ha afirmado que el pacto está destinado a promover la seguridad y la cooperación internacional, el cuestionamiento de los opositores y la ciudadanía sigue siendo un tema candente.
El futuro de este acuerdo podría depender de las decisiones que tome la Asamblea Nacional, que aún debe evaluar su viabilidad y aprobación, así como de las negociaciones continuas entre Panamá y Estados Unidos sobre las condiciones de uso del Canal.
