El gobierno de El Salvador ha generado controversia tras anunciar su disposición a aceptar migrantes de todo el mundo, incluidos aquellos con antecedentes penales, bajo un acuerdo con Estados Unidos. La medida, que ha sido calificada de audaz y polémica, busca fortalecer la estrategia del presidente Nayib Bukele para afrontar la crisis migratoria y su lucha contra la delincuencia en el país centroamericano.
La propuesta, que forma parte de un acuerdo bilateral con el gobierno estadounidense, plantea la posibilidad de que El Salvador reciba a migrantes provenientes de diversas partes del mundo, incluidos aquellos con antecedentes criminales en EE. UU. Según las declaraciones oficiales, el país aceptará a estos migrantes, pero la gran preocupación es si serán encarcelados a su llegada o si se les ofrecerá una rehabilitación social.
El presidente Bukele ha señalado que esta medida es parte de una estrategia para mejorar la seguridad en El Salvador, además de contribuir a reducir el flujo migratorio hacia EE. UU. La propuesta se basa en el principio de que aquellos migrantes con antecedentes criminales podrían ser sometidos a un proceso de rehabilitación en el país, aprovechando los esfuerzos de seguridad que el gobierno ha implementado en los últimos años, como el controversial “Plan Control Territorial”, que ha sido clave en la reducción de homicidios en el país.
Sin embargo, la noticia ha desatado una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por el trato que estos migrantes puedan recibir en El Salvador, especialmente aquellos que lleguen con antecedentes de delitos graves. La incertidumbre sobre si estos migrantes serán encarcelados al llegar al país ha generado un gran debate. En algunos sectores de la sociedad salvadoreña, se teme que esta política pueda generar aún más violencia o, peor aún, convertir al país en una especie de “vertedero” de criminales, tal como lo han señalado ciertos opositores al gobierno.
Por otro lado, el gobierno salvadoreño insiste en que esta política está orientada a fomentar una migración controlada y a reforzar la seguridad interna. Aseguran que El Salvador ha avanzado significativamente en la mejora de su sistema penitenciario y en la creación de programas de reintegración para personas con antecedentes criminales, lo que, según ellos, garantizará que los migrantes reciban un tratamiento adecuado.
El acuerdo, que aún está en proceso de negociación, podría tener implicaciones a largo plazo para las relaciones entre El Salvador y EE. UU., así como para la política migratoria regional. Con el apoyo de su gobierno, Bukele ha mostrado una vez más su enfoque poco convencional hacia la resolución de los problemas migratorios y de seguridad, que sigue siendo un tema divisivo dentro de la política internacional.
En los próximos días se espera que se den más detalles sobre cómo se implementará este acuerdo, así como las condiciones bajo las cuales los migrantes con antecedentes penales serán recibidos en El Salvador.
