El pasado miércoles, una manifestación pacífica de jubilados en Buenos Aires se transformó en un escenario de violencia y represión, dejando un saldo de más de 120 detenidos y al menos 45 heridos. La protesta, que se llevó a cabo frente al Congreso Nacional, buscaba exigir mejoras en las pensiones y la restitución de medicamentos gratuitos, afectados por las medidas de austeridad implementadas por el presidente Javier Milei.
A la convocatoria de los jubilados se sumaron hinchas de diversos clubes de fútbol, sindicatos y movimientos sociales, en una muestra inédita de solidaridad. Los manifestantes portaban carteles con lemas como “No nos peguen, somos sus padres” y “Ayúdame a luchar, tú serás el próximo anciano”. Sin embargo, la situación escaló cuando más de 1.000 policías antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua para dispersar a la multitud.
Uno de los incidentes más graves fue el ocurrido al fotoperiodista independiente Pablo Grillo, quien resultó herido de gravedad tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Grillo sufrió una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, por lo que fue sometido a una cirugía de urgencia y permanece en coma inducido. La Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (aRGra) exigió la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la responsabilizó por la brutal represión.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Bullrich declaró que los detenidos podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión bajo la nueva ley antimafia, y calificó a los manifestantes como “barras, agrupaciones de izquierda y miembros de agrupaciones kirchneristas” que buscan desestabilizar al gobierno. Por su parte, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, desestimó la protesta al considerarla una maniobra política sin convocatoria significativa.
La represión ha generado una ola de indignación en distintos sectores de la sociedad argentina. En varios barrios de Buenos Aires se registraron cacerolazos en señal de protesta contra la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad. Además, en el Congreso, una sesión destinada a investigar un escándalo financiero relacionado con una criptomoneda promovida por el presidente Milei derivó en enfrentamientos físicos entre diputados, lo que obligó a suspender la sesión.
La situación de los jubilados en Argentina es crítica. La mayoría percibe una pensión mínima que ronda los 340 dólares mensuales, monto que resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas en un contexto de alta inflación y aumento en el costo de los medicamentos. Las políticas de ajuste del gobierno han profundizado la precariedad de este sector, que continúa movilizándose en defensa de sus derechos y en busca de una vida digna.
La jornada del miércoles dejó en evidencia la creciente tensión social y política en Argentina, así como la urgencia de abordar las demandas de los sectores más vulnerables de la población. La respuesta represiva del gobierno ha sido ampliamente cuestionada y plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y las libertades democráticas en el país.
