En medio de crecientes tensiones políticas, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, defendió la reciente actuación de las fuerzas de seguridad durante una protesta de jubilados frente al Congreso, calificándola como una respuesta necesaria ante un supuesto “intento de golpe de Estado”. Bullrich acusó a grupos de hinchas de fútbol, conocidos como “barras bravas”, y a agrupaciones de izquierda de buscar desestabilizar al gobierno del presidente Javier Milei.
Durante la manifestación, el periodista Pablo Grillo resultó herido al recibir un impacto en la cabeza por una bala de gas lacrimógeno disparada por la policía. La ministra sugirió que la lesión podría haber sido causada por un objeto suelto, a pesar de que peritos indicaron que fue un disparo directo.
La jueza Karina Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos, incluidos menores de edad, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales como el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Esta decisión fue criticada por el gobierno, que anunció una denuncia contra la magistrada por posible incumplimiento de funciones.
La situación ha generado cacerolazos y movilizaciones espontáneas en distintos puntos del país, reflejando un clima de creciente descontento social. Organizaciones sociales y sindicatos han expresado su solidaridad con los manifestantes y han condenado la represión ejercida por las fuerzas de seguridad.
Este episodio se suma a una serie de controversias que han afectado la imagen del gobierno de Milei, incluyendo errores políticos y escándalos recientes, lo que ha fortalecido a la oposición y ha incrementado la presión sobre la administración actual.
