Yucatán, 3 de abril de 2025. — La construcción del desarrollo inmobiliario “Cayo Coco”, ubicado en el kilómetro 31 de la carretera Progreso-Telchac, ha generado una ola de denuncias ciudadanas y ambientalistas, al señalar que invade una zona de alto valor ecológico: la Laguna Rosada, hábitat natural de especies como el flamenco rosa y parte del sistema de reservas costeras de Yucatán.
El proyecto, que contempla la urbanización de mil 200 lotes y múltiples amenidades en etapas sucesivas, se construye en un área donde la infraestructura y los recursos naturales no soportan ese nivel de intervención. Ya se han documentado impactos como fragmentación del ecosistema, alteración de rutas migratorias y contaminación del suelo y del agua, todo sin evidencia de haber cumplido con los permisos ambientales requeridos.
Este caso se suma a otros precedentes como los ecocidios en Sisal y la Reserva Cuxtal, donde también se intentaron desarrollos sin respetar las leyes ambientales. Las denuncias piden la intervención urgente de la PROFEPA y la SEMARNAT, que ya han demostrado firmeza en el sureste del país al clausurar construcciones irregulares, como ocurrió recientemente en Chicxulub Puerto.
Uno de los mayores desafíos que enfrentan las autoridades ambientales es contener la voracidad de grandes desarrolladoras que buscan lucrar a costa de ecosistemas frágiles. Tal fue el caso de la minera extranjera Calica en Quintana Roo, frenada por acciones del gobierno federal tras años de explotación ilegal.
Actualmente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encabezada por Mariana Boy, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales han intensificado los operativos de inspección en ecosistemas costeros y playas turísticas, como parte del programa “Operativo Nacional en Ecosistemas, Costeras y Playas Turísticas de México”. En este marco, ya se iniciaron visitas de inspección en el sitio del desarrollo “Cayo Coco”.
Además, la movilización social ha comenzado. Vecinos, activistas y expertos se han unido para denunciar y documentar el daño. Entre ellos, destaca la participación del activista Emilio Blanco del Villar, quien encabeza gestiones para detener el avance del proyecto y proteger este ecosistema único.
Desde el ámbito ambiental y jurídico, voces como la del abogado y activista Ulrich Richter Morales han reiterado la necesidad de hacer cumplir las leyes como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, exigiendo una respuesta firme por parte del gobierno federal y estatal.
En un país que presume su riqueza natural, los ciudadanos piden que no solo se celebren los ecosistemas, sino que se defiendan. Por el bien de Yucatán y del planeta, los ojos están puestos sobre el caso “Cayo Coco”.
