Diversas organizaciones de derechos humanos y abogados han solicitado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la liberación de más de 250 ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos y actualmente detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Los migrantes fueron trasladados bajo acusaciones de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, aunque múltiples informes periodísticos y legales indican que la mayoría carece de antecedentes penales en EE. UU.
La deportación se realizó en marzo de 2025, cuando la administración del presidente Donald Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar el traslado de los venezolanos a El Salvador. A pesar de una orden judicial federal que intentó detener los vuelos, al menos 238 personas fueron enviadas al CECOT, una prisión criticada internacionalmente por sus condiciones y por la falta de debido proceso para los reclusos.
El gobierno salvadoreño firmó un acuerdo con EE. UU. para recibir a estos migrantes, recibiendo una compensación económica de aproximadamente 6 millones de dólares. Sin embargo, ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han presentado pruebas concretas que vinculen a los deportados con actividades criminales. Según investigaciones de medios como CBS News y Bloomberg, entre el 75% y el 90% de los deportados no tienen antecedentes penales en EE. UU.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha calificado las deportaciones como un “secuestro” y ha exigido la liberación inmediata de los ciudadanos venezolanos. En respuesta, el presidente Bukele propuso un intercambio humanitario: repatriar a los 252 venezolanos detenidos a cambio de la liberación de un número igual de presos políticos en Venezuela. La propuesta fue rechazada por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, quien la calificó de “cínica” y exigió información detallada sobre la situación legal y médica de los detenidos.
Mientras tanto, familiares de los migrantes detenidos han expresado su angustia y preocupación por la falta de información y por las condiciones en las que se encuentran sus seres queridos. Organizaciones internacionales continúan presionando para que se respeten los derechos humanos de los deportados y se garantice un proceso legal justo.
