Editorial La Revista Peninsular
El juicio de Emilio Lozoya Austin tenía el potencial de cambiar el paradigma de la política mexicana al abrir la posibilidad de perseguir judicialmente a exfuncionarios que hayan incurrido en actos de corrupción. Sin embargo, los intereses políticos sobre el caso pudieron más que el combate contra la impunidad, y el presidente propició se diera a conocer información delicada del proceso. Al echarle más leña al fuego, el titular del ejecutivo no solo pone en riesgo al juicio de quemarse, también se pone en peligro a sí mismo.
Erradicar la corrupción fue una de las bases del discurso de López Obrador por más de una década, entonces contaba con los elementos necesarios para explotar el tema y que luciese natural, siempre y cuando mantuviera la prudencia, cosa que no consiguió.
Una de las razones por las que el presidente presionó de más, fue que el gobierno federal por fin pudo contar con un tema para capitalizar a su favor tras semanas de malas noticias y pronósticos desfavorables por el COVID-19. A escasos meses de los próximos comicios electorales, aumenta la relevancia de los índices de popularidad, por lo que el ejecutivo intentó sacarle el mayor provecho posible al caso.
Andrés Manuel pidió en una “mañanera” que se publicaran los detalles del juicio de Lozoya, y a las horas se difundió un video que supuestamente mostraba la entrega de sobornos a senadores para la aprobación de reformas estructurales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
No está claro a quién le pidió el presidente que diera a conocer ésta información, pues la Fiscalía hubiese roto la ley de haberla publicada y la defensa negó haberla compartida. La defensa también deslindó al hermano de Emilio Lozoya pues el video fue publicado desde una cuenta con su nombre, pero alegó que utilizaron su identidad.
A pesar de que la Fiscalía General de la República aclaró que el video difundido no fue el que presentó Lozoya y que tampoco había sido presentado como prueba por nadie, el presidente decidió proyectarlo en la “mañanera” del día siguiente. Incluso, hizo mención del antecedente de éste videoescándalo al reprocharle a la prensa que no se le dio tanta difusión a éste videos como a los videos de Ahumada en el 2004.
Este antecedente es otro motivo por el cual el presidente exhibió de manera imprudente el caso Lozoya. En su momento, representó golpe duro para López Obrador cuando era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, pues se exhibió a distintos políticos de su mismo partido recibir sobornos del empresario Carlos Ahumada. El video más importante de éste escándalo fue el que mostraba a René Bejarano porque se sabía públicamente que era una persona cercana a Andrés Manuel.
Así, en búsqueda de redención o venganza, el presidente volvió a presionar con severidad.
A simple vista parecía un buen plan. Al emprender esfuerzos para visibilizar el combate contra la corrupción, quedaría bien la actual administración y se golpearía la imagen de las administraciones pasadas, quienes hoy conforman una parte de la oposición. No obstante, al hacer públicas las pruebas y dichos del juicio, les facilita a las personas que hoy exhibe poder alegar faltas al debido proceso.
Aún más, al politizar un proceso que debió haberse desahogado estrictamente en los juzgados, se propició que quienes hoy ven sus intereses afectados por las acusaciones actúen en contraataque. El fin de semana pasado se dio a conocer un video en el que se observa a Pío López, hermano de Andrés Manuel, recibir dinero de David León, quien actualmente es funcionario del gobierno federal.
Al pretender explicar las imágenes, López Obrador admitió haber violado la ley al aceptar “contribuciones” para fines electorales, pero argumentó que no había hecho nada malo pues no eran cantidades mayores. La situación se complicó horas después cuando se viralizó un video en el que su esposa, Beatriz García Mueller, decía que Leona Vicario había dado dinero para financiar la Independencia y que a ella nadie la grabó ni reprochó.
Después del intento fallido de deslindarse de culpabilidades ante la población, hemos visto que el presidente se ha ocupado en promover otros temas y mensajes controversiales. Ha difundido videos en el avión presidencial, volvió a retomar la rifa y hasta compartió un mensaje haciendo referencia al Papa; temas con poco fondo, pero mucho ruido mediático.
De ésta manera, se puede apreciar la tendencia que determinará el desarrollo del caso Lozoya. Servirá como arma política cuando sea necesario, y se ahogará en el mar mediático cuando afecte la imagen gubernamental. México se está destruyendo con videos que a fin de cuenta no podrán hacer prueba plena en juico, así que solo son usados para desprestigiarse entre todos, en vez de utilizarse para erradicar la impunidad del país.