Presumen red de corrupción con nuevo operador en la costa norte de Yucatán
Redacción La Revista Peninsular
Con información de fuentes ciudadanas y registros públicos
Un nuevo personaje ha sido vinculado —presuntamente— a la creciente red de corrupción que afecta a varios municipios de la costa norte de Yucatán, una región cada vez más expuesta a esquemas de abuso de poder, cobros ilegales y despojo territorial.
Se trata de Ariel Omar Herrera Flores, quien, según diversas denuncias ciudadanas y documentos revisados por La Revista Peninsular, opera como asesor jurídico en al menos dos municipios clave: Dzemul y Telchac Puerto. De acuerdo con testimonios, Herrera sería una pieza operativa en un modelo de prácticas ilegales que se remonta a estructuras ya identificadas durante el llamado escándalo de la “mafia inmobiliaria”.
El pasado fin de semana, en pleno inicio de vacaciones, inspectores enviados por el Ayuntamiento de Dzemul clausuraron arbitrariamente negocios ubicados en el kilómetro 27 de la carretera Progreso–Telchac Puerto, fuera de su jurisdicción legal. La medida, considerada abusiva por múltiples actores, se ejecutó sin notificaciones previas ni fundamento jurídico, en un terreno que INSEJUPY confirmó como perteneciente al municipio de Progreso. La acción fue revertida tras la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Este hecho ha puesto el foco sobre Herrera Flores, acusado de replicar un patrón de presuntas extorsiones, amenazas legales y manipulación normativa, todo bajo la cobertura política de los alcaldes José Wilberto “Willy” Flota Aké (Movimiento Ciudadano, Dzemul) y Edmundo Núñez (PRI, Telchac Puerto).
Flota Aké ha sido objeto de múltiples señalamientos por parte de ciudadanos y organismos de fiscalización. La Auditoría Superior del Estado le observó más de 29 millones de pesos sin comprobar, mientras que pobladores denuncian un manejo patrimonialista del Ayuntamiento y presión sobre terrenos comunales y ejidales, que incluirían invasiones y maniobras para alterar el uso del suelo.
Las prácticas hoy denunciadas evocan el modus operandi registrado durante el sexenio de Rolando Zapata Bello, cuando —según fuentes documentales— desde el Catastro Estatal se orquestó una estrategia de apropiación irregular de tierras costeras, liderada por Mario Peraza Ramírez. A través de figuras como los “fundos legales”, se emitieron títulos de propiedad sobre tierras privadas o federales, muchas de ellas en zonas de alto valor inmobiliario. Hasta la fecha, los implicados no han sido sancionados.
La presunta expansión de este esquema hacia Telchac Puerto e Ixil ha encendido alertas entre empresarios, ciudadanos y organizaciones civiles, que advierten sobre una red que se fortalece desde el poder local con total impunidad.
Ante este panorama, se hace urgente una intervención coordinada de las autoridades estatales y federales. La reciente reacción del Gobierno del Estado, si bien oportuna, debe escalar hacia auditorías profundas, sanciones administrativas y penales, y una vigilancia ciudadana efectiva.
El uso discrecional del poder, la opacidad en el ejercicio de funciones públicas y la manipulación de los marcos legales para beneficio privado, representan una amenaza directa al patrimonio territorial de Yucatán y a la confianza pública en sus instituciones.
Esta nota se basa en información de carácter público, denuncias ciudadanas y documentos oficiales. Cualquier persona aludida tiene derecho a ejercer su réplica conforme a lo establecido en la ley.
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