Opinión de Marco Antonio Cortez Navarrete
En un país donde la violencia se ha convertido en parte del paisaje diario, Yucatán vuelve a colocarse como el estado más seguro de México.
Según un boletín oficial del Gobierno de Yucatán, emitido este viernes 15 de agosto, la entidad registra la menor incidencia de homicidios y delitos en todo el país y figura, junto con Campeche, como uno de los dos destinos mexicanos recomendados por el Gobierno de Estados Unidos para visitar sin restricciones.
El reconocimiento, respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer en la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena desde el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).
El mensaje oficial atribuye el logro a la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fuerzas municipales, corporaciones federales y la participación ciudadana. Pero detrás de esa maquinaria operativa hay un nombre que se repite, año tras año, sexenio tras sexenio: Luis Felipe Saidén Ojeda.
Titular de la SSP por 17 años y 2 meses de forma continua, más los seis que ejerció entre 1995 y 2001, acumula 23 años y 2 meses al frente de la seguridad pública de Yucatán. Ningún otro mando en México se ha mantenido tanto tiempo en un cargo similar.
En contraste con la práctica común en otras entidades, donde los jefes policiales cambian al ritmo de las administraciones o de las crisis, Yucatán ha apostado por la continuidad.
En este tiempo, Saidén Ojeda ha operado bajo cinco gobernadores distintos y ha sobrevivido a cambios de partido en el poder.
Para sus defensores, esa permanencia ha permitido consolidar protocolos, mantener disciplina interna y establecer redes de coordinación estables. Para sus críticos, también implica el riesgo de estructuras demasiado cerradas y resistentes a la renovación.
El boletín oficial no entra en este debate, pero sí deja entrever que la seguridad de Yucatán es un producto de trabajo sostenido y no de golpes de suerte.
La lucha contra la pesca furtiva, por ejemplo, se menciona como uno de los frentes recientes en el que participan la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía y las policías locales, y donde incluso se pide endurecer las penas a nivel federal. La narrativa oficial es clara: en Yucatán, “la seguridad no se negocia”.
En un escenario nacional donde la violencia crece y la percepción de inseguridad se extiende, Yucatán no solo presume cifras, sino un modelo.
La incógnita —y el desafío— es si esta combinación de continuidad, coordinación y disciplina podrá sostenerse frente a las presiones externas. Porque en México, la seguridad es siempre un logro frágil, y mantenerla suele ser más difícil que alcanzarla.
Gracias por leerme. Feliz fin de semana.
