Representantes legales de organizaciones defensoras de los derechos civiles comparecen este lunes ante un tribunal federal con el objetivo de asegurar el acceso legal de los detenidos en el centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida. Los abogados acusan a las autoridades estatales y federales de obstaculizar de manera sistemática el contacto entre inmigrantes detenidos y sus representantes legales.
La demanda, presentada en julio por grupos como ACLU, US Immigration Law Counsel y Florida Keys Immigration, va dirigida contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y otros funcionarios. Según el documento legal, se ha impedido que “las personas detenidas por motivos civiles de inmigración en ‘Alligator Alcatraz’ se comuniquen con abogados y presenten mociones ante el tribunal de inmigración que podrían resultar en su liberación”.
“La Constitución de Estados Unidos no permite que el gobierno simplemente encierre a las personas sin ninguna posibilidad de comunicarse con un abogado o de solicitar al tribunal su liberación de la custodia. El gobierno no puede pisotear estas protecciones fundamentales para las personas bajo su custodia”, declaró Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, en un comunicado de prensa.
El Departamento de Seguridad Nacional rechazó las acusaciones, asegurando que la instalación dispone de espacios físicos habilitados para reuniones legales y permite el contacto por correo electrónico entre abogados y detenidos.
“Alligator Alcatraz”, instalado sobre una pista de aterrizaje a una hora al oeste de Miami, está compuesto por remolques reutilizados de FEMA y carpas rodeadas por una cerca. El centro ha estado rodeado de polémica desde su creación, con denuncias sobre condiciones de hacinamiento, calor extremo, plagas de insectos y alimentación insuficiente.
“El Gobierno ha prohibido las visitas legales en persona, cualquier comunicación confidencial por teléfono o video, y el intercambio confidencial de documentos escritos”, sostiene la ACLU, que ha documentado casos de abogados rechazados tras intentar ingresar al centro.
En una audiencia anterior, la defensa legal de los inmigrantes afirmó que el personal del centro presiona a los detenidos para firmar órdenes de salida voluntaria sin asesoría legal. Además, señalaron que ya se han realizado vuelos de deportación desde el lugar.
Carlos González, un ciudadano mexicano que fue detenido en el lugar, describió las condiciones del centro como “duras y confusas”, afirmando en una entrevista que fue arrestado durante una visita familiar tras la muerte de su madre.
La audiencia de este lunes es presidida por el juez federal Rodolfo Ruiz II, quien expresó escepticismo ante los argumentos del gobierno sobre la jurisdicción. También destacó la “confusión” en torno a quién dirige el centro, ya que, supuestamente, está operado por el estado de Florida en colaboración con agencias locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el programa federal 287(g).
Cho subrayó que la situación en “Alligator Alcatraz” es “anómala” en comparación con otras instalaciones del país. “Lo que está ocurriendo en el centro es anómalo por muchas razones, no solo por la forma en que fue construido y dónde está ubicado, sino por la autoridad legal y la confusión sobre quién lo dirige y bajo custodia de quién están las personas”, señaló.
La abogada también enfatizó la necesidad de proteger los “derechos constitucionales básicos”, incluyendo el derecho a comunicarse con abogados y solicitar su liberación. “El ‘Alligator Alcatraz’ no puede terminar siendo un agujero negro donde las personas desaparecen”, advirtió Cho.
Además de esta causa, el centro enfrenta otra demanda presentada por grupos ambientalistas, quienes alegan que la operación del centro pone en riesgo los humedales circundantes, fuente vital de agua dulce para el sur de Florida.
En paralelo, el gobernador Ron DeSantis anunció la creación de un nuevo centro de detención, denominado “Deportation Depot”, que se espera entre en funcionamiento en dos o tres semanas y albergue hasta 1.300 inmigrantes.
