La más reciente jornada en Colombia se ha visto marcada por una tragedia de gravedad, con dos atentados coordinados que dejaron al menos dieciocho personas fallecidas y más de setenta lesionadas. El primer ataque se registró en Cali, donde un camión cargado de explosivos estalló cerca de una base de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en la transitada Carrera Octava. Seis personas perdieron la vida y setenta y una resultaron heridas, algunas de ellas en estado grave.
Horas antes, en el municipio de Amalfi, Antioquia, un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional, encargado de labores de erradicación de cultivos ilícitos, fue derribado, provocando la muerte de doce efectivos y heridas a ocho más. Ante la magnitud de los hechos, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha decretado el estado de conmoción interior por noventa días, con el propósito de restablecer el orden público.
El Ejecutivo responsabiliza los ataques a diversas facciones disidentes de las antiguas FARC, incluyendo grupos como la Segunda Marquetalia y los seguidores de Iván Mordisco, así como al Clan del Golfo. El presidente anunció que solicitará a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a la Corte Penal Internacional iniciar procesos contra sus dirigentes por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Además, el ministro de Defensa ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos colombianos —aproximadamente 49 500 dólares— para obtener información que permita anticipar futuros atentados.
El impacto de estas acciones ha generado alarma nacional. En Cali, las imágenes difundidas muestran vehículos en llamas, edificaciones dañadas, civiles heridos en el suelo y escenas de pánico en las calles cercanas a la base, lo que refleja la magnitud del caos vivido. En paralelo, la comunidad internacional, incluida Venezuela, expresó su condena al atentado terrorista ocurrido en Cali.
Este episodio pone en evidencia que, pese al acuerdo de paz de 2016, persiste la presencia activa y violenta de grupos armados que desafían el avance hacia la estabilidad nacional. La respuesta del gobierno colombiano, en términos jurídicos, militares y diplomáticos, será determinante en los próximos días para contener el incremento de la violencia y evitar que estos actos socaven la estructura institucional y el proceso de paz en el país.
