Ecuador se encuentra en negociaciones con Estados Unidos para establecer un acuerdo mediante el cual acogería a solicitantes de asilo provenientes del país norteamericano, como parte de un mecanismo conocido como “tercer país seguro”. Según un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU., ambos gobiernos se encuentran en “las etapas finales” de este acuerdo, aunque aclaró que “no está 100 % terminado” y que debe someterse a los procedimientos operativos de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional. Agregó que la evaluación sería “caso por caso” y que no existen planes de un cupo específico de solicitantes de asilo destinados a Ecuador.
La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, informó que el país podría recibir hasta 300 refugiados al año, siempre y cuando cumplan con ciertos criterios: no tener antecedentes delictivos y encontrarse en buen estado de salud. Sommerfeld calificó el acuerdo como “simbólico” y afirmó que responde a una solicitud estadounidense, fortaleciendo la cooperación bilateral. Además, precisó que será un “programa limitado […] que responde únicamente a personas refugiadas de ciertas nacionalidades” y que Ecuador conservará “derecho a veto” sobre quienes considere no convenientes.
El analista Santiago Carranco Paredes advirtió que, al considerar dicha cooperación, Ecuador debe garantizar derechos fundamentales conforme a los marcos internacionales de refugiados —incluyendo acceso a documentación, salud, educación, empleo e integración—, y que aceptar esa responsabilidad sin respaldo técnico y financiero adecuado podría sobrecargar el sistema social del país. Señaló que “no se trata de rechazar la cooperación en materia migratoria, sino de exigir que sea integral, transparente y efectiva”.
Este acuerdo se enmarca en una agenda más amplia entre ambos países, que también incluye cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico y otros temas de interés mutuo.
