El gobierno de México y Estados Unidos han dado un paso significativo en materia de seguridad regional al crear un grupo de alto nivel que se reunirá periódicamente para enfrentar conjuntamente a los cárteles de la droga, reforzar la seguridad fronteriza y combatir otros delitos transnacionales como el robo de combustible, tráfico de armas, personas y el blanqueo de capitales.
La anunciada iniciativa se produce en el marco de una tensa coyuntura, marcada por una reciente operación militar estadounidense que destruyó una embarcación procedente de Venezuela en aguas internacionales del Caribe, atribuyéndole el transporte de drogas y vinculaciones con el Tren de Aragua.
Durante su visita a México, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, enfatizó la “histórica cooperación” alcanzada entre ambas naciones, aunque contextualizada dentro de la firme posición de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en rechazar cualquier intervención militar unilateral en territorio mexicano. Sheinbaum ha defendido un enfoque basado en la responsabilidad compartida, la confianza mutua y el respeto a la soberanía, y lo ha resumido con su premisa: “cooperación sí, sumisión nunca”.
La ofensiva militar en el Caribe, que dejó 11 muertos, fue justificada por la Casa Blanca dentro de su estrategia antidrogas y de presión sobre los cárteles, aunque ha sido cuestionada por la falta de respaldo jurídico claro y por elevar las tensiones con gobiernos vecinos, en particular con Venezuela. El entorno venezolano ha denunciado incluso el uso de inteligencia artificial para fabricar pruebas que avalen la operación.
En el comunicado conjunto, ambos gobiernos destacaron la amplitud de los objetivos del nuevo grupo de trabajo: desmantelar el crimen organizado transnacional, frenar el tráfico de fentanilo, mitigar el tráfico de armas y migración ilegal, así como estabilizar flujos financieros ilícitos.
No obstante, este acuerdo llega bajo un contexto de presión diplomática por parte de Estados Unidos, que ha vinculado avances en seguridad con posibles sanciones comerciales y arancelarias. El gobierno de Trump, a través de marcos precedentes, ha condicionado la cooperación a resultados concretos y rápidos, especialmente en la lucha contra el fentanilo.
En definitiva, México y EE. UU. refuerzan su cooperación en materia de seguridad nacional, manteniendo cada uno su respectivo margen de acción. Mientras EE. UU. intensifica su combate contra los cárteles desde aguas internacionales y políticas de presión, México deja claro que su participación se restringe a herramientas de inteligencia y acción conjunta en su propio territorio, sin permitir operaciones armadas de parte de fuerzas extranjeras.
