Una compleja operación de las autoridades mexicanas destapó una red de huachicol fiscal que involucraba a marinos en activo, exfuncionarios de aduanas y empresarios, revelando una estructura de corrupción que permitió el contrabando masivo de combustibles con fines de evasión fiscal.
La investigación comenzó en marzo de 2025, tras el decomiso de un buque en el puerto de Tampico que transportaba diésel declarado como petroquímico, un mecanismo utilizado para evadir impuestos y lucrar con la diferencia. Este hallazgo inicial condujo a un operativo más amplio que permitió identificar 31 descargas ilegales de combustibles entre abril de 2024 y marzo de 2025 en las aduanas de Altamira y Tampico.
Hasta ahora, las autoridades han detenido a 14 personas, entre ellas un vicealmirante en activo, cinco marinos, exfuncionarios de aduanas y empresarios vinculados a la operación de transporte y comercialización irregular del combustible. Además, se identificaron 20 personas físicas y morales con operaciones financieras sospechosas, quienes habrían facilitado la estructuración y lavado de los recursos obtenidos mediante estas maniobras ilegales.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a los detenidos delitos relacionados con corrupción, contrabando y evasión fiscal. Según los informes preliminares, la red operaba con un nivel de coordinación que evidenciaba complicidades dentro de las instituciones encargadas de la vigilancia y control de mercancías estratégicas, lo que ha provocado cuestionamientos sobre la seguridad y supervisión en puertos y aduanas mexicanas.
El caso ha generado reacciones políticas y mediáticas. Diversos actores de la oposición han solicitado que se investiguen posibles implicaciones de la red en niveles superiores del gobierno, mientras que especialistas en seguridad señalan que este tipo de operaciones muestra la profundidad de la corrupción institucionalizada, donde los recursos del Estado son desviados mediante estructuras sofisticadas que combinan poder político, militar y empresarial.
El huachicol fiscal, diferente del huachicol tradicional de tomas clandestinas, se centra en la evasión de impuestos a través de manipulaciones documentales y financieras, haciendo uso de declaraciones falsas de hidrocarburos y la complicidad de funcionarios públicos. Este caso evidencia que el problema no se limita a perforaciones ilegales en ductos, sino que incluye una red organizada de corrupción capaz de operar con impunidad durante meses.
Autoridades federales aseguraron que continuarán con las investigaciones para desmantelar completamente la red y revisar los procedimientos en puertos y aduanas. Asimismo, se busca garantizar que los responsables enfrenten cargos penales y se recuperen los recursos desviados. Especialistas advierten que este caso podría ser un precedente para auditar y reforzar los controles en instituciones estratégicas, evitando que se repitan operaciones de este tipo.
Este escándalo ha puesto en evidencia la necesidad de mayor transparencia y supervisión en sectores estratégicos como el transporte y comercio de combustibles, y la importancia de que los órganos de control del Estado actúen de manera coordinada para prevenir la penetración de redes delictivas en la administración pública.
