La tragedia ocurrida el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa, Ciudad de México, se ha profundizado con el reciente reporte de la Secretaría de Salud local: los decesos por la explosión de una pipa de gas ascienden ahora a trece.
El incidente tuvo lugar en el Puente de La Concordia, en los límites entre la capital y Nezahualcóyotl, Estado de México. Según las autoridades, un “objeto sólido” golpeó el tanque de la pipa, lo que rompió el casquete, provocó la fuga de gas y luego la ignición del mismo.
De los afectados, se reportan cuarenta personas hospitalizadas y treinta dadas de alta. Muchos de los lesionados sufrieron quemaduras graves. Uno de los casos más emotivos es el de Alicia Matías Teodoro, “la abuelita heroína” que protegió con su cuerpo a su nieta durante la explosión, y cuya muerte fue confirmada tras días de hospitalización.
El gobierno de la Ciudad de México, a través de sus autoridades competentes, ha expresado sus condolencias y se comprometido a otorgar apoyos iniciales para los familiares de las víctimas. También se investiga la responsabilidad, incluyendo la causa del choque al tanque, las condiciones de seguridad de la empresa propietaria de la pipa y las aseguradoras.
La explosión ha generado un fuerte impacto social. Vecinos, afectados y organizaciones exigen que se establezcan medidas claras para prevenir tragedias similares. Se pide una regulación más estricta para el transporte de materiales peligrosos, seguros adecuados para empresas de gas, mejores protocolos de emergencia, y mayor transparencia en los informes oficiales.
