La política mexicana volvió a ser escenario de un intento de escándalo mediático luego de que trascendiera que se habían interpuesto supuestos amparos a favor de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de protegerlos contra eventuales órdenes de captura vinculadas con la trama del huachicol fiscal. Poco después se confirmó que ni Andy, ni Gonzalo, ni José Ramón López Beltrán habían promovido tales amparos y que incluso los abogados señalados como responsables negaban su participación, denunciando que habían sido víctimas de usurpación de identidad.
El episodio cobró relevancia porque coincidió con un momento en que la agenda pública está marcada por dos asuntos sensibles. Por un lado, las investigaciones relacionadas con corrupción en el sector energético y aduanal por huachicol. Por otro, el debate sobre la reforma a la Ley de Amparo. La convergencia de ambos temas generó un ambiente propicio para la especulación y, en algunos sectores opositores, para el intento de convertir la noticia en un instrumento de desgaste político contra la familia del expresidente y contra Morena.
Conviene recordar que la Ley de Amparo permite que cualquier persona interponga un recurso en nombre de otra cuando se trata de proteger derechos fundamentales ante actos que impliquen privación de la libertad, desaparición forzada o incomunicación. En esos casos los jueces están facultados para otorgar suspensiones provisionales sin que exista todavía confirmación de la parte supuestamente afectada. La norma establece también que los amparados deben ratificar en un plazo determinado si desean continuar con el proceso. Será en ese momento cuando se confirmará que los hijos de López Obrador no están detrás de esos expedientes, tal como ya lo declararon públicamente.
Si este escenario se confirma, lo que quedará en evidencia es un intento deliberado de desprestigio. No sería la primera vez que ocurre algo semejante. En el pasado se intentó instalar la versión de que Beatriz Gutiérrez Müller residía en España y más tarde fue categóricamente desmentida por la propia esposa de López Obrador. La estrategia parece repetirse con un patrón claro, fabricar controversias mediáticas sin sustento con la esperanza de dañar la imagen del oficialismo.
El costo de este tipo de maniobras lo paga la oposición que las promueve o amplifica sin pruebas sólidas. Lejos de minar la fuerza de Morena, la insistencia en polémicas coyunturales debilita la credibilidad de quienes deberían estar construyendo un proyecto político serio y alternativo. Apostar al desgaste por la vía del rumor no sustituye la necesidad de propuestas claras que convenzan a la ciudadanía.
Más allá de la coyuntura, este episodio abre una reflexión sobre la calidad del debate público y sobre los riesgos de normalizar la calumnia como herramienta política. Difundir información falsa o manipulada, bajo el pretexto de golpear al adversario, erosiona no solo la reputación de las personas directamente involucradas sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en los medios y en la política en general. El costo de una mentira no se mide únicamente en el daño inmediato a la persona difamada. Se mide también en la desconfianza que queda instalada en la opinión pública, en la pérdida de seriedad de quienes la promueven y en la degradación de la conversación democrática.
El periodismo tiene un papel crucial en este sentido. La función del reportero, del columnista y del editor no es amplificar rumores ni convertirse en militante disfrazado de informador. La ética periodística exige corroborar, contrastar y verificar antes de difundir. Cuando el periodismo se practica desde la trinchera del activismo partidista, se confunde información con propaganda y se debilita la credibilidad de todo el gremio. La sociedad requiere un periodismo responsable, crítico y libre, pero también profesional y riguroso. Sin esa base, la prensa corre el riesgo de convertirse en un eco de estrategias de desprestigio, en lugar de ser un contrapeso democrático.
El país atraviesa debates de gran calado que requieren ser atendidos con seriedad. La corrupción en sectores estratégicos como energía y aduanas, la reforma judicial y la discusión sobre la Ley de Amparo son asuntos que merecen toda la atención pública. El reto es afrontarlos con propuestas claras y soluciones viables, no desviando el debate hacia polémicas pasajeras. Una democracia madura no se construye sobre la base de la difamación, sino sobre el contraste de ideas y la construcción de confianza.
La lección de este episodio es clara. Calumniar puede generar un efecto inmediato de escándalo, pero el daño más profundo lo sufren quienes lo promueven, porque exhiben su falta de seriedad. Para la prensa, la responsabilidad es informar con rigor. Para la oposición, la responsabilidad es construir alternativas. Para la sociedad, la responsabilidad es no dejarse arrastrar por rumores y exigir un debate político a la altura de los desafíos nacionales. Solo así será posible fortalecer la vida democrática y evitar que la política se reduzca a un ejercicio de ruido y descrédito.
