Editorial La revista peninsular
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América destituyó por segunda ocasión al presidente Donald Trump este miércoles 13 de enero. La primera vez fue en diciembre del 2019 después de comprobarse que el titular del ejecutivo estadounidense condicionó apoyos económicos al gobierno ucraniano a cambio de que investigara al hijo de Joe Biden. En ese entonces, el Senado decidió no ratificar lo dispuesto por la Cámara Baja por lo cual no hubo separación del cargo.
Con esta nueva decisión de la Cámara de Representantes, Donald Trump no solo se convirtió en el primer presidente norteamericano en ser destituido dos veces, también es quien ha recibido la acusación más grave por delito de destitución hasta ahora: incitación a insurrección.
El pasado 6 de enero, el aún gobernante norteamericano instruyó a miles de personas que se encontraban congregadas en un mitin político a las afueras de la Casa Blanca a detener la oficialización de la victoria de Biden, la cual ocurría al mismo tiempo en el Capitolio. Los manifestantes irrumpieron armados en recinto legislativo e intentaron agredir a personal administrativo del edifico, representantes, senadores, funcionarios federales y a la prensa.
Este fallido intento de insurrección cobró la vida de 5 personas, uno de ellos era un policía del Capitolio quien fue golpeado hasta la muerte por simpatizantes de Trump.
Demócratas y republicanos por igual culpabilizaron a Donald Trump por haber provocado esta agresión. Los primeros hicieron énfasis en que lo sucedido llevaba gestándose desde antes de las elecciones pues el presidente constantemente advertía sobre su poca confianza respecto al proceso electoral, así como su nula intención de ceder ante un escenario desfavorable.
Los legisladores demócratas consideraron inconcebible que el presidente Trump permaneciera en el poder luego de atentar contra la democracia nacional, por lo cual establecieron una línea de acción con el objetivo de terminar lo antes posible su administración. Primero presionarían al vicepresidente Mike Pence y al gabinete federal para que declararan incapaz de gobernar a Trump mediante la vigesimoquinta enmienda constitucional; si esto no funcionaba, procederían a llevar a cabo un segundo juicio de destitución.
Para invocar la vigesimoquinta enmienda constitucional es necesario que el vicepresidente y la mayoría de los titulares del gabinete federal coincidan en que el presidente está imposibilitado para gobernar, entonces vicepresidente asume el cargo lo que resta de la administración. Si bien, Mike Pence ha hecho público su rompimiento con Trump, descartó hacer uso de la 25. Asimismo, una gran parte de los secretarios federales optó por renunciar a su cargo para no tener que posicionarse sobre la destitución.
Agotada la primera opción, los demócratas promovieron exitosamente el segundo juicio de destitución en contra del presidente, lo cual significa que le corresponde al Senado decidir si se le separa o no del cargo. La votación final en la Cámara baja fue de 237 votos a favor de la destitución y 197 en contra; todos los demócratas más 10 republicanos votaron a favor, mientras que el resto de los republicanos votaron en contra. De esta forma, Donald Trump demostró mantener influencia en entre los representantes republicanos a pesar de que al final de su gestión perdieron la Casa Blanca y la mayoría en el Senado.
La postura de los senadores republicanos parece menos absoluta por el momento. Un puñado de ellos ha dicho que votaría en contra de separar a Trump de su cargo. Sin embargo, el principal líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, ha compartido a los senadores de su partido que, a su criterio, Trump sí había cometido actos acreedores a una destitución, pero esperaría a los argumentos de las partes para decidir en qué sentido votar.
El posicionamiento de McConnell tiene el potencial de determinar el voto de decenas de republicanos en la Cámara alta.
El Senado tiene contemplado reanudar funciones el 19 de enero y al día siguiente comenzaría a desahogar el juicio de Donald Trump, minutos después de que Joe Biden tome protesta como presidente de Estados Unidos; lo anterior significa que Trump será civil mientras es juzgado por la Cámara alta. Usualmente este juicio tiene como fin quitarle el poder a un funcionario, pero dado que el enjuiciado no ostentará cargo alguno, las consecuencias del proceso podrán ser la prohibición de volver a contender por cargos públicos o la cancelación de las pensiones que reciben los expresidentes.
En un aparente intento por mitigar la tensión y ganar simpatía de los legisladores, Donald Trump difundió un mensaje momentos después de que la Cámara de Representantes votara a favor de su destitución. En este video reprobaba categóricamente los hechos violentos del 6 de enero y llamaba a sus simpatizantes a evitar cualquier tipo de manifestación armada.
Ojalá las palabras de Trump sean suficientes para tranquilizar a sus seguidores, pues pareciera que inició un fuego el cual no puede controlar. Debido a los múltiples indicios de levantamientos armados civiles por la toma de protesta de Joe Biden, la Guardia Nacional se vio en la necesidad de movilizar a más de 10,000 elementos a Washington D.C.
Por su parte, el próximo presidente estadounidense se ha mantenido al margen del tema y solo se ha preocupado porque el Senado no descuide los procesos de ratificación de su gabinete ni la aprobación de sus planes de gobierno en los primeros días de su administración. Su discurso ha sido claro: enfocarse poco en lo que hizo Trump y mucho en lo que le tocará hacer, especialmente respecto al Covid19. De hecho, a principios de semana demostró qué es predicar con el ejemplo al recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus que aqueja al mundo.
No cabe duda de que Donald Trump se convertirá en un referente histórico en Estados Unidos y el mundo, aunque será bajo una concepción negativa. El atentado que provocó en contra de la democracia más antigua del mundo le costó la suspensión de sus redes sociales y la merma de su equipo de asesores, pues renunciaron indignados ante lo ocurrido. Así, el aún presidente pasa sus últimos días en el poder incomunicado, solo y preocupado de que sus simpatizantes no hagan caso de su llamado a la paz, pues otro levantamiento armado les permitiría a los legisladores castigarlo con penas más severas que una inhabilitación política o una revocación de pensión.
