Creo en Andrés Manuel López Obrador, creo en la 4T, voté por el cambio, pero no soy un fanático que se ciega por su fanatismo, soy también analítico y crítico, y si veo un error, mi deber, como periodista, es señalarlo, sea quien sea el que lo está cometiendo. ¿A qué vienen estas reflexiones? Pues son motivadas por unas declaraciones del ejecutivo de la nación, en los últimos días. La semana pasada, el señor presidente habló de someter a consulta la ley sobre la despenalización del aborto. ¡Craso error! Ayer, planteó la desaparición de varios organismos constitucionalmente autónomos, por lo costoso de su estructura, pero sin atender a las esenciales funciones que cumplen en la sociedad. ¡Nuevo error muy grave! Ya suficiente tiene el señor presidente con la campaña incansable de desarbolados como Gilberto Lozano, para agregar críticas a su gobierno, estas si justificadas, de quienes le apoyamos. Pero sus declaraciones son muy desafortunadas, y es un deber ineludible señalar el error y analizar las causas y fundamentos para aseverar que está equivocado, y que debe rectificar.
Organismos internacionales de un prestigio indiscutible, como la ONU o la UNESCO, han reconocido como un DERECHO HUMANO el de la mujer para decidir sobre su cuerpo. Vivimos una realidad que, nos guste o no, es así y no tenemos manera de cambiarla. El aborto, es una práctica cotidiana, con autorización o no, es una dolorosa realidad de todos los días. Pero es indispensable señalar que hay dos prácticas del aborto, muy diferentes las dos. Por un lado, las familias de alto poder adquisitivo, en cuanto una hija sale embarazada de una relación, se olvidan de sus prejuicios religiosos, y sin rubor en la frente, les hacen practicar un aborto, en las mejores condiciones de seguridad, higiene y, sobre todo, discreción. Se hace, y punto. Nadie supo ni dice nada, menos aún los médicos de clínicas particulares que dan el servicio. Nadie señala a la familia. Todos lo saben, lo comentan por lo bajo, pero hasta ahí. Como siempre, nuestra doble moral victoriana que está muy viva y activa. El discreto encanto de la burguesía, como en la película de Buñuel.
Pero hay otra cara de la moneda, la de las mujeres de las clases sociales más desprotegidas, las de la clase trabajadora, las de la clase campesina, esas que son objetos en manos de los padres, hermanos y maridos; las que no tienen voz ni derecho alguno, las que tienen sexo con el hombre porque es “su obligación”, las que no reciben apoyo económico del hombre, pero si todos los golpes consecuencia de una borrachera. Esas que, están llenas de hijos, porque el macho así lo quiso, y sigue queriendo, que saben que ya no tienen capacidad de alimentar una boca más con sus escasos recursos, porque el macho sólo engendra, no mantiene. Y toman la terrible decisión de practicarse un aborto. ¿Cómo? En las condiciones más terribles de higiene, de seguridad, y la historia se pinta de sangre inocente de muchas mujeres que encuentran la muerte en ese trance. Y como miel sobre hojuelas, algunas están privadas de la libertad, por haber incurrido en el terrible delito de un aborto. ¡Ah, pero eso sí! Ninguna rica está presa por esta causa, aunque se lo hayan hecho varias veces, la mano de la justicia sólo cae sobre las humildes, la más de las veces, de etnias originarias. Y además, el castigo va acompañado de expresiones machistas como: “¡Para que no cierran las piernas! ¡Hubieran prevenido en vez de matar a su hijo! ¡Tantos métodos que hay ahora!” Como si la responsabilidad del sexo fuera sólo de la mujer y no un asunto de dos.
El asunto de una ley reguladora del aborto, es un asunto que cae en el campo de los Derechos Humanos, y los Derechos Humanos no se someten a ninguna consulta, los Derechos Humanos, se tienen o no se tienen, es un asunto de materia legislativa. El tal asunto, debe ser profundamente analizado por los legisladores, y después de madura reflexión y análisis, se concluye si procede o si no procede, pero nunca se ha de someter al arbitrio de una mayoría. Proponer que la ley sobre el aborto sea sometida a una consulta, es un craso error que no debe consentirse, así provenga la iniciativa del ejecutivo de la nación.
En la actualidad, existen tres organismos que, lo ideal, es que desaparezcan en un futuro, pero que desaparezcan por ya no ser necesarios, pero que, actualmente, lo son y mucho. Me refiero al Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; INE, CNDH e INAI, por sus siglas. Son organismos constitucionalmente autónomos, con patrimonio propio y que son un contrapeso ciudadano ante el poder público. Son organismos de representación ciudadana. Cómo diría José Martí: “Conozco al monstruo, porque he vivido en sus entrañas”, y así es, pues mi incursión en la vida pública fue en dos de estos ámbitos, en el electoral y en el de transparencia y acceso a la información. Fui presidente del IEEY y del INAIP. Así que conozco a fondo la materia.
En el año 2004, se promulga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de ella se deriva la creación del entonces IFAI, ese mismo año se promulga en Yucatán la Ley de Acceso a la Información Pública y se crea el INAIP, al cual me incorporo como consejero en 2006. Me toca atestiguar las grandes batallas que libraron por la transparencia, y por ende por la ciudadanía, figuras como: María Marván, Alonso Lujambio, Jaqueline Peschard, Ángel Trinidad Zaldivar, Josefina Buchadé, María Elena Pérez Jaén, Óscar Guerra Ford o Agustín Millán, personajes que me honran con su amistad. A lo largo de ya casi dos décadas, se ha librado en el país una verdadera batalla porque, las autoridades, sujetos obligados por la ley, comprendan que el acceso a la información pública y la transparencia de las instituciones es un derecho indiscutible del ciudadano, y no una graciosa concesión de la autoridad. En lo personal, libré verdaderas batallas con alcaldes y hasta con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, para que acataran los mandatos de la ley estatal de transparencia.
Gracias a la actividad de esos organismos, se tuvo acceso a la cuenta pública, a las licitaciones de las obras, a los comprobantes de los gastos, a las nóminas de las más diferentes instituciones públicas, incluidos los partidos políticos. Con la reforma a la ley lograda en 2008, se concedió autonomía constitucional al INAIP y capacidad de sancionar a la autoridad que no cumpliera. Entonces, se ha de entender mi desacuerdo, cuando el ejecutivo de la nación, de un plumazo, quiere desparecer a organismos como estos, por el costo de su operatividad, y desatendiendo a la enorme importancia de sus funciones.
Ni la ley reguladora del aborto se debe someter a una consulta, ni los organismos ciudadanos autónomos deben desaparecer.
¡SEÑOR PRESIDENTE, ESTA VEZ USTED ESTÁ EQUIVOCADO!
Mérida, Yuc., a 12 de enero de 2021.
Ariel Avilés Marín.
