El Congreso de México aprobó una reforma a la Ley de Amparo promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de facilitar el cobro de créditos fiscales que actualmente están detenidos por recursos judiciales presentados por grandes deudores.
La iniciativa fue avalada en el Senado con 81 votos a favor y 37 en contra, en una sesión que evitó el paso por comisiones, gracias al respaldo del bloque oficialista y partidos aliados. En la Cámara de Diputados, la reforma había sido aprobada previamente con ajustes para eliminar una cláusula de retroactividad que generó rechazo de la oposición y de expertos constitucionalistas.
Uno de los elementos más debatidos es un artículo transitorio que permitiría aplicar la nueva normativa a casos ya iniciados en los tribunales. Dicha disposición ha sido cuestionada por su compatibilidad con los principios constitucionales que protegen a los ciudadanos frente a leyes retroactivas.
Con la reforma, se modifican aspectos clave del juicio de amparo, como los requisitos para presentar este recurso, su suspensión y el uso de mecanismos dilatorios por parte de deudores fiscales. Críticos advierten que esto podría limitar el acceso a la justicia, especialmente en casos de derechos colectivos o cuando organizaciones defensoras presentan amparos.
El principal argumento del gobierno es que existen más de dos billones de pesos en créditos fiscales “atorados” en los tribunales por la estrategia de los deudores de amparo perpetuo. Esta recaudación adicional se considera esencial para sostener los programas sociales sin recurrir a una reforma fiscal general.
Pese al avance legislativo, persisten fuertes críticas desde organizaciones de derechos humanos, especialistas en derecho constitucional y legisladores de oposición, quienes alertan sobre el debilitamiento de garantías individuales y el riesgo de sesgos a favor del poder público.
Queda por ver cómo será la implementación de esta reforma y si los tribunales, especialmente la Suprema Corte, podrán contener posibles abusos o interpretaciones que vulneren derechos fundamentales.
