La cifra oficial de fallecimientos a raíz de la explosión de una pipa de gas LP, ocurrida el pasado 10 de septiembre en el puente de La Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa, de la Ciudad de México, ascendió a 32. Así lo informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México en su reporte correspondiente a la noche del 21 de octubre.
Entre las víctimas se encuentra una joven de 16 años, identificada como Tiffany Odette Cano González, quien falleció mientras recibía atención médica en el Instituto Nacional de Rehabilitación tras haber sido herida en el siniestro. Aquella fatídica jornada, ella se encontraba junto a su padre, Misael Cano (quien también perdió la vida), y su bebé de un año y seis meses, quien permanece hospitalizado en un nosocomio de Tacubaya.
La explosión produjo un daño severo en la zona, y aunque ya se han dado de alta a 47 personas, aún permanecen hospitalizadas cinco. Este tipo de accidentes, además de la tragedia humana, evidencian fallas tanto en la cadena de suministro de gas como en los protocolos de seguridad para su transporte y manipulación, especialmente en una ciudad tan densamente poblada como la capital mexicana.
El siniestro ocurre en un contexto donde el transporte de gas LP mediante pipas es una actividad de riesgo reconocido, y donde las autoridades locales y federales tienen la obligación de garantizar que las rutas, los vehículos, la capacitación de los conductores, así como las condiciones de almacenamiento y manejo cumplan con normas estrictas. En este caso, la intervención y la atención médica se alargaron en el tiempo, lo cual ha ido aumentando la cifra de fallecidos conforme se desarrollaba la atención hospitalaria.
La muerte de Tiffany Odette resalta el impacto sinérgico que tiene una tragedia de este tipo: familias enteras que quedan marcadas, niños y jóvenes que ven interrumpidas sus vidas, y una comunidad que debe lidiar con el duelo, la rehabilitación de heridos, y la incertidumbre sobre responsabilidades legales y administrativas.
En cuanto a las autoridades, corresponde a la Ciudad de México —junto con instancias federales competentes— investigar a fondo las causas que derivaron en la explosión: desde el estado de la pipa, el cumplimiento de las rutas autorizadas, los protocolos que se siguieron tras detectar una fuga o una falla, hasta las acciones de emergencia una vez ocurrida la detonación. Además, es vital que se fortalezcan los sistemas de atención a víctimas, incluyendo el acompañamiento psicológico, médico y social, pues sobrevivientes y familiares enfrentan ahora un camino de implicaciones físicas, emocionales, económicas y jurídicas.
La explosión del 10 de septiembre y sus consecuencias siguen siendo un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad a la que se exponen miles de habitantes en zonas urbanas cuando el transporte de hidrocarburos no opera con los más altos estándares. También es un llamado urgente a la revisión normativa y operativa de este tipo de actividades para que tragedias como esta puedan evitarse en el futuro.
